De la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, lo primero que se evidencia es que sólo se enmienda menos de un tercio de lo que pretendía impugnar el PP en su recurso de inconstitucionalidad (el preámbulo, 12 disposiciones generales y 114 artículos); y lo segundo es que avala la mayoría del texto, ya que de sus 233 artículos anula 14, reinterpreta 23, mantiene el término Nación en el preámbulo, suprime el adjetivo "preferente" del artículo 6.1 concerniente a la lengua catalana, también reformula la competencia financiera de la Generalitat y declara inconstitucionales los preceptos que se refieren al capítulo de la justicia (los catalanes más optimistas los daban por perdidos) y la figura del Sindic de Greuges que invadía las competencias del Defensor del Pueblo, que también presentó un recurso de inconstitucionalidad que, con aquella sentencia, queda totalmente vacío de contenido.

Para los catalanes y sus gobernantes los temas más difíciles de digerir han sido los relativos al termino Nación y a la lengua. En lo relativo a la denominación de Nación catalana, que el TC diga que "carece de eficacia jurídica interpretativa" es poner algo para no decir nada, porque tal frase es la que carece de eficacia al no tener sustento legal alguno. ¿Acaso es el Alto tribunal quien va dictar las reglas de cómo interpretar un texto legal a los profesionales del Derecho y a los juristas? En cuanto al polémico artículo 6.1 es más de lo mismo: "...la lengua propia de Catalunya es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya": o sea otra perogrullada jurisprudencial al suprimir la expresión "y preferente" manteniendo el resto. Consecuentemente el TC no cuestiona el uso del idioma sino que otorga más legitimidad, si cabe, al Art.35 (otro de los recurridos por el PP), que en su enunciado establece: "...el catalán se ha de utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria". ¿Qué dirán de esto los ilustres bilingüistas galegos, el señor Feijóo y el "desván de los monjes"?

Pero, aparte de las posturas -de las partes- en relación con tan controvertido fallo, ha sido y es el PP el primero y único culpable de esta situación. Fueron ellos y no otros los que presentaron el recurso de inconstitucionalidad, hace cuatro años, seguido de una recogida de firmas -unas cuatro mil- y una campaña feroz contra el Gobierno del Estado y la Generalitat con afirmaciones de "España se rompe", "España se vende" y otras lindezas, incluso relacionadas con la supuesta inspiración del independentismo abertzale en la Carta catalana. Ahora no saben en dónde meterse y han optado por la solución fácil y grosera, mentir e insultar llamando fascista al presidente Montilla porque convoca una manifestación en defensa del texto que fue reformado, pactado y aprobado en el Parlamento español y Senado por una amplia mayoría. El PP está dando un espectáculo lamentable, los exabruptos de la señora Cospedal, las declaraciones de Fraga o las de Aznar son las evidencias de su mala conciencia, de saber que han metido la pezuña hasta el corvejón, que son incapaces de rectificar ni disculparse, han perdido el rumbo, lo suyo es un puro desenfreno; caminan en un potro sin bridas y sin estribos, están desbocados, y todo ello porque saben, son conscientes, que su marginalidad en Catalunya, si ya era muy evidente, ahora se ha convertido en una realidad y aunque intenten cambiar con una interesada y manipuladora interpretación del contenido de la sentencia no conseguirán deformar la realidad de su fallo, que les ha dejado frente a Catalunya y al resto del Estado sin máscara ni disfraz alguno que pueda tapar su nostálgico, decadente, agresivo y radical nacional centralismo.