Ministerio municipal de fronteras y aduanas

. l PP critica lo que practica. Tal comportamiento no es inusual entre los políticos, pero el partido de Mariano Rajoy está alcanzando cotas de excelencia. En los últimos tiempos venimos contemplando como denuncia la falta de autoridad de Rodríguez Zapatero ante sus barones territoriales. Le hemos visto exigir que ponga firmes a José Montilla para que acate con humildad y silencio el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en lugar que salir en manifestación. Le vemos preguntarse qué autoridad puede ejercer sobre un país en crisis económica alguien que no consigue imponerse a la organización del partido en Madrid, en el asunto del candidato a las próximas autonómicas. Desde luego, lo de Tomás Gómez es un ejemplo de como perder unas elecciones antes de que se convoquen, y pasará a los anales de la ciencia política como el paradigma reconcentrado de los errores a evitar; pero lo que preocupa a nuestros liberal-conservadores es que a Zapatero no le hagan caso ni los suyos. No es forma de hacer funcionar un país, vienen a decir.

Y lo dicen tras poner repetidamente en práctica una especie de desobediencia civil selectiva que haría las delicias de los hoy tan denostados "progres" de los setenta. Se vio en el boicot a la asignatura de educación para la ciudadanía, que el popular gobierno de Valencia decidió impartir en inglés, cabe suponer que para mejorar su comprensión. Se vio también en los anuncios de no aplicación de la nueva ley de interrupción del embarazo. El último ejemplo de desafío local al Estado, por mor de una disputa política con el gobierno, tiene por escenario La Línea de la Concepción, municipio que guarda la frontera con Gibraltar, a cuyo alcalde del PP se le ha ocurrido poner un peaje a todos quienes pretendan cruzar la famosa verja que separa la colonia del resto de la península. Y como no hay otro camino terrestre, el peaje sería inevitable. Quedarían exentos, naturalmente, los lugareños que trabajan en el peñón, que son muchos y cuyos salarios sostienen la economía del municipio.

Pretender municipalizar la política de fronteras no es lo más coherente que se le puede ocurrir a un partido nacional que defiende con pasión la unidad de España y la autoridad del Estado. Desde luego, no se puede, en un mismo día, pretender que las autonomías no son quién para prohibir los toros pero los ayuntamientos fronterizos sí que lo son para instalar aduanas por su cuenta. Aunque ya se sabe: la lealtad institucional debida lo es solo cuando mandan los propios; cuando mandan los otros, que les zurzan.