Opinión | editorial
La oleada de fuegos evidencia que algo se sigue haciendo mal
Uno sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, reza el popular dicho. Algo así ha ocurrido este verano con los grandes incendios forestales en Galicia, que parecían haber sido erradicados desde la gran hoguera de 2006. Pero el fuego retornó con crudeza y tragedia a los montes gallegos, segó dos vidas y reavivó todos los debates que habían hecho furor hace algún tiempo para luego olvidarse una vez apagados los rescoldos de las llamas.
No cabe la menor duda de que el incendio criminal de Fornelos fue intencionado, y otro tanto ocurre con los fuegos que han devastado la provincia coruñesa en esta última semana, hasta el punto de que la actividad desenfrenada de los pirómanos obligó a la Xunta a pedir ayuda al Ministerio de Defensa, que desplegó unidades militares en O Barbanza y A Costa da Morte para atajar la actividad incendiaria.
El área metropolitana de A Coruña tampoco se salvó de esta plaga criminal y asistió con desesperación e impotencia a una oleada de incendios provocados -cinco en apenas tres semanas- que arrasaron el paraje natural protegido de Dexo y sembraron el pánico entre la población, que tuvo que abandonar sus viviendas ante la proximidad de las llamas. La gravedad de la situación llevó a la Guardia Civil a identificar a los propios vecinos de la zona, ya que, según los investigadores, los pirómanos suelen residir en las proximidades de los incendios. Las llamas han amenazado también a la propia ciudad coruñesa, donde la escasez de personal denunciada por los bomberos locales les obligó a pedir ayuda a los servicios de extinción forestal, en pleno aquelarre de fuegos en la provincia, para sofocar un incendio en la zona chabolista de Penamoa.
Una vez más, vuelve la gran pregunta: ¿quién y por qué quema el monte? LA OPINIÓN aventuró una respuesta apenas unos días antes de la gran oleada de fuego que calcinó miles de hectáreas en Galicia y se cobró la vida de dos bomberos forestales. Un informe de la Fiscalía revelaba que uno de cada cinco incendios está motivado en Galicia por intereses económicos. Si hablamos de incendios intencionados, como parecen haber sido la mayoría de los fuegos de esta trágica oleada veraniega en Galicia, el porcentaje sube notoriamente. Entre los principales motivos por los que se decide prender fuego al monte, el fiscal superior Carlos Varela apuntó posibles cambios de uso en el suelo, tanto inmobiliarios como agrícolas. Varela hizo hincapié en un tercer objetivo: lograr un contrato para luchar precisamente contra los incendios. Tanto los propietarios de montes comunales en Galicia como los investigadores pusieron también el dedo en la llaga al acusar a los vecinos del rural de un "silencio cómplice" con los incendiarios. "Una parte importante de la sociedad rural sigue ocultando a los delincuentes responsables de los fuegos", afirma la Organización Galega de Comunidades de Montes, que achaca a esta ley del silencio en el rural la dificultad de los investigadores para identificar a los culpables de los incendios. Ante la proliferación de incendiarios, la propia policía autonómica admite que no ayuda precisamente que hayan mermado los agentes dedicados a incendios. Los datos de la Fiscalía recogen que en los últimos cuatro años se detuvieron 773 personas por actividades incendiarias, así que algo está cambiando, pero sin duda no lo suficiente. El legislador, las fuerzas de seguridad y la justicia tienen mucho camino que recorrer.
Además de señalar con el dedo a quienes creen los principales causantes de la quema, propietarios de montes, ingenieros forestales y los propios brigadistas han puesto también en entredicho la eficacia de la política contra el fuego de los responsables públicos que, gobierno tras gobierno, se encamina a ocuparse casi exclusivamente de la extinción de los incendios mientras deja en un segundo plano la política de prevención -cuestionan que buena parte de las ayudas para limpiar el monte se hayan aprobado después de los fuegos, cuando ya es tarde- y la educación de los ciudadanos sobre el valor del monte.
Otra sombra -que se proyecta también sobre lo ocurrido en el monte de Fornelos la noche de la tragedia, lo que ha motivado que los familiares de los dos brigadistas muertos reclamasen que se investigue toda "la verdad"- es la denunciada falta de profesionalización de los bomberos forestales en un trabajo que conlleva un alto riesgo de muerte.
Galicia registra en lo que va de año una tercera parte de la superficie arrasada por el fuego en toda España. No cabe duda de que los responsables últimos de la tragedia del monte gallego son los incendiarios, pero es igualmente evidente que la actuación pública contra el fuego tiene muchas lagunas, entre ellas, la inexistencia de una política forestal continuada. Resulta imposible atacar los incendios sin actuar en frentes como la formación e información de la sociedad, la prevención, la disuasión y la gestión eficiente de los recursos forestales para que sean generadores de riqueza. No basta con extremar las alarmas cuando aprieta el calor: el popular dicho de que los fuegos del verano se apagan en invierno describe con sensatez la mejor estrategia para atajar los incendios y a sus criminales inductores.
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