Financiación pública, capital privado, el caso es hacer obras

José Blanco acaba de dejar sin munición dialéctica a su propio partido, el Pesedegá, en la ofensiva lanzada por los hombres de Pachi contra lo que consideran una privatización encubierta de servicios públicos por parte de la Xunta del Partido Popular. El ministro de Fomento anuncia que, ante las crecientes restricciones presupuestarias del Estado, se recurrirá al capital privado para poder concluir en plazo el AVE gallego así como algunas otras infraestructuras estratégicas que está desplegando su departamento en toda la geografía española.

Empleando un eufemismo, Blanco habla de "financiación alternativa" para referirse a la fórmula concesional que se aplicará en determinados casos, aunque por ahora no especifica cuáles. Llámelo como lo llame, es el mismo sistema o muy similar al que emplea la Xunta para poner en pie los nuevos hospitales de Vigo y Pontevedra. Esa iniciativa, supuestamente privatizadora de servicios esenciales, es rechazada frontalmente por los socialistas y los nacionalistas. Aducen que multiplica los costes, que deteriora la calidad de las prestaciones y que beneficiará a empresas amigas del gobierno. Los mismos argumentos que servirían para en su caso atacar a Don José en su nueva estrategia, forzada por la crisis.

El recurso a la mal llamada "financiación privada" es habitual en administraciones de todo signo político, y no sólo en época de vacas flacas. En otras autonomías gobernadas por el PSOE es frecuente, por no decir habitual, que se implique a las empresas privadas en proyectos de cierta envergadura. Eso las obliga a invertir considerables cantidades de dinero, a cambio de una rentabilidad razonable en base al riesgo que asumen y que se obtiene casi siempre a largo plazo. Son los gobiernos los que convocan y resuelven los correspondientes concursos. Y no se la juegan. Por ello, entre otras condiciones, exigen a los interesados unas garantías de solvencia que no suelen estar al alcance de cualquiera.

He ahí la madre del cordero. Los poderes públicos han decidido autolimitar, cada vez más, su capacidad de endeudamiento. Por ello, además de por la merma de los ingresos propios o transferidos, sus arcas están más vacías que la barriga de Carpanta. Aún aplicando criterios de máxima austeridad, les cuesta un mundo hacer frente a los gastos de funcionamiento ordinario. No tienen apenas margen de maniobra para acometer por sus propios medios nuevas inversiones, por más necesarias que sean y por mucho que sirvan para dinamizar la actividad económica. Esa es la razón por la que se recurre al capital empresarial.

En tiempos de sequía financiera, cuando bancos y cajas tienen cerrado el grifo del crédito, las empresas han de ofrecer las máximas garantías si quieren obtener los préstamos que precisan para cumplir los compromisos concesionales. La propia envergadura y la solidez de su estructura, además de su trayectoria, son las principales armas para convencer a los banqueros, las mismas que le sirven para ser los ganadores de los concursos, si de verdad hay juego limpio, que es de lo que tiene que ocuparse la oposición, desautorizada como está para descalificar el sistema al que ella misma recurre donde manda.

Los cerebros más lúcidos del PP gallego, en una maniobra muy hábil, se han adelantado a quienes critican que se recurra al capital privado para costear grandes inversiones públicas. Proponen que también en este ámbito haya un tope máximo. Así será en Galicia si se aprueba la correspondiente iniciativa parlamentaria. Sería el modo de evitar que los futuros gobiernos tengan que pagar las deudas generadas por sus antecesores sin ningún tipo de límite. O sea, que nadie pueda tirar con pólvora del Rey como si fuera gratis. Con las actuales reglas de juego, en lo que se refiere al uso de recursos públicos y privados, rige aquel insolidario principio de quien venga de atrás que arree.

fernandomacias@terra.es