La nueva Corporación local de A Coruña, presidida desde ayer por Carlos Negreira, acaba de tomar posesión bajo una espada de Damocles heredada del vazquismo: la sentencia de derribo del edificio Fenosa y las nefastas consecuencias para las arcas municipales que pudiesen derivarse de este proceso judicial. El nuevo gobierno local del PP será el responsable de formular ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el recurso contra el auto de ejecución para intentar evitar la demolición del inmueble, cuyo plazo expira en los primeros días de la próxima semana.

Una sentencia del Tribunal Supremo en agosto de 2008 culminó un culebrón judicial de más de una década. Viene arrastrándose por los tribunales desde 1997, cuando el Gobierno local presidido por Francisco Vázquez otorgó a Fadesa una licencia de construcción que, según la sentencia, vulneraba el plan general entonces vigente al permitir el cambio de uso de oficinas a viviendas. El Ayuntamiento presentó entonces ante el Supremo un recurso de "inejecución" del derribo que fue rechazado, lo que desembocó en un auto de ejecución de la sentencia dictado hace unos meses por el Tribunal Superior de Xustiza. El alto tribunal gallego desestimó el 27 de mayo el recurso de súplica contra la demolición presentado por el Ayuntamiento, que dispone ahora de un último recurso con un plazo de presentación de cinco días a partir de la notificación judicial al Concello, que fue realizada a mediados de esta semana pasada.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento coruñés recomendó estos días tanto al Gobierno en funciones como al nuevo Ejecutivo entrante que repitan el recurso de súplica. El problema radica en que todos los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Ayuntamiento coruñés en este largo y espinoso proceso han sido desmontados una y otra vez por todos los tribunales, lo que obliga a buscar una nueva vía argumental que socialistas y populares debaten en una atmósfera de consenso institucional. La estrategia seguida hasta ahora en vano por el Ayuntamiento fue la de intentar reconducir el edificio a una esfera de legalidad, incluso adecuando en 1998 el plan general a la nueva realidad del inmueble. Pero se hizo un año después de ser concedida ilegalmente su licencia, lo que lejos de solucionar el problema fue calificado como agravante por el Supremo.

Todos los grupos con representación municipal coinciden en la imposibilidad de cumplir una sentencia que acarrearía males mayores a los contribuyentes coruñeses dada la elevada cuantía de la indemnización a pagar. Los partidos minoritarios en la oposición, BNG y Esquerda defienden que el Ayuntamiento debería desviar a la constructora cualquier posible compensación a los dueños de los inmuebles por haber sido la más beneficiada por la concesión de la licencia ilegal y por introducir cambios en el edificio que no figuraban en el proyecto autorizado por el gobierno municipal.

La solución que proponga el Ayuntamiento no sólo tendrá que sortear el mayor de los perjuicios, que es sin duda un derribo que conllevaría una reparación económica a los propietarios del centenar de pisos y locales del edificio Fenosa que amenazaría con la quiebra municipal, sino también otras posibles penalizaciones a las arcas públicas aún en el caso de que se evite la demolición. Y esa es la razón por la que los servicios jurídicos municipales han insistido en estos años de litigio en la vía de la legalización del inmueble. La sentencia del Supremo obliga a incluir en el registro de la propiedad que las viviendas y locales del edificio Fenosa tienen orden judicial de derribo, se acabe tirando o no, siempre que se mantenga la sentencia de ilegalidad, lo que devalúa su precio y abre la puerta a la reclamación de indemnizaciones, según los agentes de la propiedad inmobiliaria.

El nuevo gobierno coruñés arranca pues su andadura bajo la pesada losa heredada del vazquismo, en la que el ladrillo siempre anda por medio. Al entuerto del edificio de Fenosa se le sumará la inmediatez del pago de indemnizaciones millonarias a los expropiados del polígono de viviendas de Someso. No obstante, el principal desafío es ahora desactivar la amenaza que pende sobre el emblemático edificio Fenosa, que albergó durante décadas la sede de la compañía eléctrica, de manera que se salvaguarden los intereses de los propietarios afectados, verdaderas víctimas de la tropelía, y de las arcas municipales, es decir, de todos los coruñeses. Pero la necesidad de hallar una solución al reto en ningún caso debería eximir de una depuración de responsabilidades políticas por el desaguisado. La impunidad no puede campar a sus anchas. En el gobierno municipal que aprobó en 1997 la licencia ilegal del edificio Fenosa era alcalde un Francisco Vázquez que aún trata de conseguir algún cargo público, concejal de urbanismo un ahora cuestionado Salvador Fernández Moreda, empeñado en seguir al frente del socialismo coruñés pese al batacazo electoral, y ejercía de teniente de alcalde un Javier Losada que, pese a su marcha de María Pita, representa a la provincia coruñesa en el Senado. La gravedad de las consecuencias obliga a que cuando menos ofrezcan explicaciones de por qué ampararon una ilegalidad que ahora tiene en jaque a la ciudad.