Galicia sufrió esta pasada semana la primera gran oleada de incendios forestales de este verano. Ciento cuarenta fuegos se declararon solo en el pasado fin de semana, el más sofocante registrado en la comunidad durante un mes de junio en la última década con máximas que superaron los 40 grados y algunas de las consecuencias más graves se vivieron en la comarcas coruñesas de Barbanza, As Pontes y Bergantiños, donde centenares de hectáreas quedaron calcinadas.

La climatología presenta un inquietante perfil para esta temporada estival recién comenzada, lastrada por una de las primaveras más secas en medio siglo que ha convertido los montes en yesca y amenazada por la previsión meteorológica de temperaturas más altas de lo habitual en Galicia. Hace falta ir atrás muchas décadas en el tiempo para encontrarse en Galicia con una situación de sequía similar a la de este 2011 que ha situado la reserva de los embalses de agua de la comunidad entre los más bajos de España. Los portavoces agrarios han expresado por esta razón su temor a la posibilidad de incendios más devastadores en este verano, ya que aunque el número de fuegos no aumentase, la sequedad prolongada del subsuelo hace que el número de hectáreas quemadas se dispare.

A la adversidad climatológica se unen peligrosamente este verano una situación de penuria económica en las arcas públicas que obliga a recortar medios en el operativo contra los incendios y una polémica novedad en la ley autonómica de prevención de incendios, que reduce de 100 a 50 metros las franjas de seguridad en los núcleos de población.

En palabras del propio conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, el actual coste del dispositivo de extinción de incendios debe rebajarse porque es muy costoso. La filosofía de prevención de la Xunta se basa en apelar a la responsabilidad de ayuntamientos y propietarios en la limpieza de los montes, que deberán acometer con o sin subvención pública. Juárez entiende que el presupuesto dedicado hasta ahora a la extinción de incendios no solo es muy elevado, sino poco inteligente, ya que las ayudas tienen el efecto perverso de cargar de responsabilidad a quien las concede más que a quien las recibe. Con ello, la Xunta apunta a la complicidad social subyacente en la autoría de los incendios forestales. Los fuegos en su mayoría son provocados y buena prueba de ello son las 58 detenciones en lo que va de año. La culpa de que arda el monte es de quien lo incendia y no de quien lo apaga, se argumenta en San Caetano, donde a la hora de cuadrar el presupuesto se tiende a una política de ahorro en la que los elevados gastos de extinción deberían ir acompasándose a la reducción de los incendios que se viene observando en los últimos años. Esto se traduce en la práctica en la intención de gastar menos en contratación de personal de extinción y en subvenciones para limpiar los montes a cambio de medidas que pongan en valor a esos montes para implicar a los propietarios en su cuidado.

En el extremo opuesto de la polémica, los portavoces de los empleados de la empresa pública Seaga que se integrarán este verano en el dispositivo de la Xunta contra los incendios advierten de que la campaña se afronta este verano "bajo mínimos", mientras que en años anteriores se mantenía incluso en invierno un operativo estable compuesto por más de la mitad del personal movilizado en la época de máximo riesgo. El principal problema radica para el comité de empresa de Seaga en la eventualidad de los bomberos forestales, sujetos a contratos temporales que varían según las previsiones de incendios de cada campaña.

Esta eventualidad, más allá del problema laboral, comporta un importante riesgo para la seguridad de los bomberos, ya que al no tener la garantía de trabajar los tres meses de verano, los trabajadores más experimentados renuncian a sus puestos, que son sustituidos por gente inexperta.

El problema que acarrea esta falta de profesionalización fue ya el centro del debate el verano pasado tras la trágica muerte de dos brigadistas en el criminal incendio provocado en Fornelos, a raíz de que los familiares de las víctimas denunciasen la falta de preparación de los bomberos que participaban en el operativo. La Xunta tiene razón en que quizás resulte más operativa y menos onerosa para las arcas públicas una política antiincendios más basada en la implicación de los principales agentes del conflicto, los propietarios de montes, que en una imparable escalada de recursos que no acaba de resolver el problema. Pero esta política no puede llevarse a cabo a costa del ahorro en la formación de los bomberos, porque lo que está en juego no son números, ni un patrimonio forestal y ecológico, sino vidas humanas.