La Comisión Europea ha anunciado que demandará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a deficiencias en la incorporación al ordenamiento español de la legislación europea en materia de agua. La directiva europea sobre el agua, aprobada hace doce años, reconociendo la enorme presión de uso a que están sometidas las aguas europeas, concedió un plazo hasta final de 2003 para que los gobiernos nacionales pusieran en vigor las leyes, normas y disposiciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha directiva. Las normas españolas que han incorporado la directiva europea sobre el agua continúan presentando deficiencias, sobre todo en lo relativo a los planes hidrológicos, porque solo regulan algunas de las obligaciones de los planes, de manera que solo se aplican a ríos que discurren por más de una comunidad autónoma pero no a los que están situados en territorio de una comunidad. Las obligaciones que establece la normativa europea se refieren a cuestiones como la extracción de agua potable o al control de calidad de las aguas.

Por otra parte, la situación comparativa que presentan, estas últimas semanas, las diferentes cuencas hidrográficas españolas es bastante singular dado que mientras las cuencas situadas en el sur aparecen con niveles de reservas que se mueven en torno a la media, las cuencas del norte presentan una situación de niveles mínimos.

Hay que tener en cuenta que la escasez de agua y las sequías están ocasionando muchos problemas en diversos lugares de Europa, de manera que el último informe de la Comisión Europea publicado sobre este asunto destaca la magnitud del problema señalando que, a excepción de algunos países septentrionales poco poblados que tienen recursos abundantes, la escasez de agua es un problema repetido en gran parte de las regiones europeas, sobre todo las meridionales, donde confluyen dos aspectos decisivos que agravan el problema: la drástica reducción de las reservas y una creciente demanda de consumo de agua, con previsiones al alza.

Las políticas de lucha contra la sequía, que es un fenómeno natural, y la escasez de agua, principalmente ocasionada por el ser humano, se dirigen, básicamente, a la aplicación de medidas que incluyan una planificación adecuada y realista de los recursos y el fomento de un consumo eficiente. Esto último puede conseguirse reduciendo fugas en los canales de distribución, construyendo edificios adecuados para ello y llevando a cabo una modernización de las prácticas de riego en el sector agrario, teniendo en cuenta que, por poner un ejemplo, son necesarios unos dieciséis litros de agua para producir un kilo de ternera. Por otra parte, una planificación realista exige incluir las consideraciones sobre el agua en las diferentes políticas económicas dando mayor importancia a los planes de gestión de las cuencas fluviales que debieran estar funcionando desde el año 2009. Además de todo ello, una política de incentivos financieros y aranceles sobre el consumo de agua, así como el fomento de una mayor conciencia pública sobre la necesidad de un uso sostenible, podrían ayudar a garantizar una aplicación eficaz de esta política. La Comisión Europea está examinando los resultados de la estrategia presentada hace cuatro años y elabora un proyecto, evaluando el impacto de las medidas en vigor y la situación de los recursos frente al cambio climático, que presentará a final de 2012, que ha sido designado como el año del agua.