Si las diferencias políticas no lo obstaculizasen, podría decirse que todos están, estamos, de acuerdo en que la actual maraña administrativa nos ahoga. Es, posiblemente, una clarísima cuestión de Estado poner coto y concierto en las esferas estatal, autonómicas y locales pues se ve que la situación actual es insostenible. Planteo a un experto en Derecho Administrativo que ahora nos haría falta un Javier de Burgos como aquel que a mediados del XIX fijó el sistema provincial en España, un especialista con visión de Estado para dar un vuelco completo al panorama funcional del país aprovechando la crisis y la desazón que en este momento justificarían la toma de decisiones tajantes. Sin inmutarse, mi interlocutor, con experiencia ministerial en temas locales, reconociendo el diagnóstico del mal ya detectado, me dice que es muy difícil hacerlo con el cuadro político que hemos establecido; que hay tantos intereses creados -me replica- y tantos amigos colocados en los múltiples chiringuitos (consorcios, agencias, fundaciones, entes públicos empresariales, etc.) creados alrededor de autonomías, diputaciones y ayuntamientos, que por ahora es difícil, por no decir imposible, desmontar todo ese entramado. Mientras, nos consolamos con que algunos ediles y diputados acepten rebajarse los sueldos un 7%.
