27 de enero de 2013
27.01.2013
La Opinión de A Coruña

La Declaración catalana usurpa la soberanía

27.01.2013 | 01:00
La Declaración catalana usurpa la soberanía

Mientras andamos entretenidos con una información genéricamente acusatoria vertida sin pruebas, si las tuviera las publicaría dice el director del medio obligándonos a creer en su palabra, y muy dañina para el PP y por elevación para todos los partidos, los que gobiernan roban es el primer mensaje, acabemos con ellos, sería el segundo, mientras eso, digo, nos entretiene, algo muy destacado sucedió en el Parlamento de Cataluña. Su Boletín Oficial del jueves 24 de enero publica la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña que afirma el principio de que dicho pueblo tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano en el que se basa su derecho a decidir su futura relación con el Estado español. Esta declaración unilateral de un parlamento regional, casi dos tercios de los votos, es el pronunciamiento más grave contra la Constitución desde su aprobación y no debe quedar sin respuesta salvo que se considere a alguna de las dos o a ambas papeles sin importancia.

El independentismo ha oficializado su posición con la Resolución que aprueba la Declaración y respalda así la puesta en marcha de la consulta ciudadana. No importa ahora cuál será la pregunta, si votarán los mayores de dieciséis años, cuáles las garantías de la limpieza del resultado y si este será o no vinculante. Todo ello figurará en una ley de consultas que sustituirá a la actual ley de consultas por vía de referéndum que está recurrida ante el TC. Si la consulta, que no será técnicamente un referéndum, se celebra y gana el independentismo estaremos en un escenario nuevo que, por complicado que resulte inicialmente para sus intereses, pondrá al Estado en una situación de momento incómoda y acaso francamente desairada al cabo de unos años. No tengo dudas de que si la voluntad mayoritaria de los catalanes apoya a los independentistas Cataluña ganará la independencia tras un proceso negociado con España. Lo cual no quiere decir que, entretanto, España deba guardar silencio como simple observadora.

La Resolución ha de ser impugnada ante el TC, artículo 161.2 CE, porque es materialmente anticonstitucional y de eso debe dejar constancia el TC. La Resolución no puede quedar en el Boletín oficial del parlamento catalán sin la aclaración de que ha sido declarada nula por anticonstitucional. Es equivocado negarle eficacia jurídica a una Resolución de ruptura con el fundamento de la legalidad constitucional que da pie a interpretaciones confusas y problemáticas sobre la posición de Cataluña. Pero además el Estado debe actuar en otros ámbitos para hacer ver a autoridades y ciudadanía catalanas que esta decisión tiene consecuencias. Que Durán i Lleida deje la presidencia de la comisión de exteriores del Congreso debería ser, por dignidad, la primera medida. Y después las que hagan ver que la soberanía reside en el Estado y que una comunidad autónoma no puede usurparla. Señor Rajoy no espere, hable y actúe, no transmita la impresión de que solo ha sido un calentón sin sentido del independentismo catalán que el tiempo enfriará.

* Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

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