La investigación judicial conocida como operación Pokemon, que ha destapado la mayor red de corrupción política en Galicia, centrada en las irregulares adjudicaciones municipales al grupo empresarial Vendex, ha llamado por segunda vez a las puertas del Ayuntamiento de A Coruña. Y esta vez, con indicios más preocupantes. Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera enviados por la juez Pilar de Lara, que ha imputado ya a 82 personas en esta trama desde 2012, regresaron el pasado martes para requisar la documentación relacionada con los contratos adjudicados a Vendex por el Concello coruñés desde 2005 hasta la fecha. Un año antes, los emisarios de la juez se habían llevado ya los documentos referidos a los contratos de la ORA y la grúa, de los que Vendex es concesionaria desde hace ocho años.
Esta segunda intervención ordenada la pasada semana por la juez investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación en el Ayuntamiento coruñés. A diferencia de otros autos de registro dictados desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en la operación Pokemon, el emitido esta semana personalizaba con nombres y apellidos la información que Vigilancia Aduanera debía conseguir en las oficinas municipales coruñesas.
En el registro efectuado el pasado martes en las dependencias de María Pita y en la sede de la Concejalía de Cultura en la Casa de Paredes los agentes requisaron toda la documentación informática y la correspondencia electrónica del primer teniente de alcalde, Julio Flores; el concejal socialista y ex responsable municipal de Contratación José Nogueira, y seis empleados municipales, uno de ellos asesor personal de Julio Flores.
La juez Pilar de Lara ha reclamado también al Ayuntamiento un informe detallado de su relación con el grupo Vendex. Este conglomerado empresarial, que figura en el ojo del huracán de la operación Pokemon, llegó a tener concertados a través de sus filiales hasta 16 contratos con el Ayuntamiento de A Coruña en anteriores mandatos municipales y en la actualidad mantiene vigentes diez, de los que cinco están sometidos a un nuevo procedimiento de licitación. El más suculento de estos contratos es el de la grúa y la ORA, que asegura a Vendex unos ingresos de 3,4 millones de euros anuales. Esta concesión, que vence en 2015, obliga además al Ayuntamiento a cubrir las pérdidas que pudiera registrar la concesionaria, que han sido constantes desde 2008.
El teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, Julio Flores, asegura desconocer los motivos por los que la juez solicitó requisar la información de su ordenador y mantiene que no participó en ninguna adjudicación a Vendex. Por su parte, el concejal socialista y ex responsable de Contratación en anteriores mandatos José Nogueira argumenta que los contratos que firmó con Vendex fueron aprobados por unanimidad por la mesa de contratación, de la que formaban parte el interventor municipal, el jefe de la asesoría jurídica y él mismo como jefe de Contratación.
El grupo de este entramado de sociedades especializadas en lograr contratos públicos de las administraciones locales obtuvo una de sus primeras concesiones gallegas en 2005 en A Coruña, cuando Francisco Vázquez ocupaba la Alcaldía. La adjudicación del millonario servicio de la ORA y la grúa a este grupo, vigente hasta 2015, fue una de las últimas concesiones públicas importantes decididas en A Coruña por Vázquez, que poco después tendría que abandonar la Alcaldía forzado por la cascada de escándalos destapados por LA OPINIÓN.
Se trata de una licitación que generó una gran polémica durante su tramitación, que llegó ya entonces a los juzgados. Un juez falló en primera instancia contra la adjudicación, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la consideró legal. Este periódico revelaría poco después un informe de la jefa del servicio municipal de Gestión Tributaria que denunciaba limitaciones en su función, al alegar que en la adjudicación no le habían permitido acceder a los documentos y que había recibido solo un resumen con las ofertas empresariales ya puntuadas. Esta irregularidad llevó en 2007 al Juzgado de lo Contencioso-administrativo a anular nuevamente el contrato y a obligar al Ayuntamiento a repetir la evaluación de las propuestas empresariales en la mesa de contratación. Esta segunda anulación fue parada de nuevo por el Superior en 2009.
El alcalde Carlos Negreira llegó a María Pita tras unas elecciones en las que se presentó como el adalid de una alternativa de cambio a la política que rigió el poder municipal en A Coruña en anteriores mandatos, caracterizados por el oscurantismo de la era Vázquez. Algunas actuaciones del nuevo Gobierno local en cuestiones de tanto calado como el escándalo de Someso o la negativa a facilitar las auditorías de la concesión de Nostián, pese a un fallo judicial que se lo demanda, han venido sin embargo a poner en duda que se haya roto realmente ese cordón umbilical con el pasado.
La preocupación que ha generado entre los coruñeses este segundo registro del Palacio Municipal y la mala imagen mediática que proporciona a la ciudad la vinculación con la peor trama de corrupción política registrada en Galicia, deberían servir como acicate al Gobierno municipal para cumplir a rajatabla y de una vez por todas con su prometida política de limpieza.
Mal haría Negreira en limitarse a esperar a que escampe, que diría un castizo, tras asegurar que el Concello facilitará a la juez toda la documentación requerida. ¡Pues solo faltaría! El Gobierno local tiene ante sí la oportunidad de recuperar aquel afán electoral de transparencia, aparentemente aparcado, y evidenciar que nada le encadena al pasado más negro de la ciudad. Solo tiene que hacer lo que todos esperan que haga: dar un paso adelante para liderar una investigación municipal que arroje luz sobre las crecientes sospechas que se ciernen sobre la honestidad de la política de adjudicaciones del Ayuntamiento.
