La frialdad de las grandes estadísticas de la crisis económica esconde realidades que están transformando de manera muy preocupante la radiografía social española, gallega y coruñesa. Las autoridades políticas tienden a interpretar esa realidad al vaivén de cualquier pequeño indicio de cambio de ciclo favorable en esos informes, por débil que sea, sin reparar suficientemente en que el dilatado periodo de crisis está provocando inercias de largo recorrido que alteran profundamente los cimientos sociales.
El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, alertó esta semana pasada en A Coruña de que el índice de la pobreza infantil ha aumentado seis puntos en Galicia desde 2007 y supera ya el 22%, acercándose peligrosamente a la línea roja del 25%. Cerca de 446.000 gallegos viven por debajo del umbral de la pobreza. Unos 30.000 hogares gallegos carecen absolutamente de ingresos y la exclusión social en la comunidad se ha disparado también al 23%.
La peor consecuencia de este aumento de la pobreza son los efectos devastadores que tiene en las víctimas más vulnerables, los niños, advirtió Mora en su visita a A Coruña para firmar un convenio de colaboración con la Fundación Barrié.
Para Cáritas, una de las ONG más activas en la lucha contra la exclusión social, cuyos servicios en Galicia pasaron en estos últimos cinco años de atender 30.226 a 114.666 personas, la odiosa repercusión de los efectos de la pobreza en los niños no solo se deriva de las dificultades de las familias, sino también de la erosión en el sistema de protección social y muy significativamente en la falta de becas de comedor escolar.
La ONG Educo puso precisamente el dedo en la llaga recientemente con un descorazonador informe que saltó a las portadas de los medios en el que concluye que la malnutrición infantil está abriéndose camino a pasos agigantados en España. "Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico. Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. Es de bacon? ¿lo hueles?". Esta conversación entre una madre y una hija, más propia de una campaña sobre el hambre en el tercer mundo, figura en el vídeo de esta organización para lograr becas que permitan a las familias más desfavorecidas que sus hijos tengan al menos una comida saludable garantizada al día en los centros escolares. Lo más desgarrador es que procede de una escena real muy similar que un niño relató en una escuela. "Lamentablemente, tenemos que decir que en España hay niños que pasan hambre", sentencia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Otro informe, presentado por Educación Sin Fronteras a finales del año pasado, cifra en dos millones y medio los niños que sufren malnutrición en España, uno de cada cuatro menores de 16 años. Este estudio coincide con Educo y Cáritas en que el sistema escolar tiene un gran impacto en la pobreza infantil y concluye que ningún Gobierno en España desde 2010 ha planificado políticas educativas que mitiguen las consecuencias del aumento de niños que rozan el umbral de la pobreza.
Muchos pediatras constatan que en España hay malnutrición infantil, pero rechazan que exista desnutrición. Esta malnutrición va muchas veces unida a la obesidad, pero obedece paradójicamente a los efectos de la crisis. La alimentación de los niños de familias golpeadas por la pobreza se basa sobre todo en grasas y malos cereales que sacian rápido, según los expertos. Los expertos admiten que las escuelas deberían ser en esta situación el cortafuegos que ofrezca la garantía de contar con una comida sana al día a los pequeños castigados por la crisis.
La Defensora del Pueblo abrió precisamente el pasado mes de febrero una actuación de oficio relativa al decreto de la Xunta que amplió para este curso escolar 2013-2014 el copago en los comedores escolares gallegos a casi la mitad de las familias y suprimió las ayudas que venía concediendo, que se sustituyeron por bonificaciones y exenciones. El PP gallego defendió el nuevo modelo al considerar que está más adaptado a la realidad socioeconómica y garante la sostenibilidad de los comedores escolares. Sin embargo, el responsable de Cáritas de A Coruña incluso aboga por abrirlos incluso en verano como garantía de que los niños reciben la alimentación que precisan.
La oportunidad que tiene el sistema educativo para atajar esta grave amenaza de brecha social en la infancia va más allá de la alimentación y afecta también a una escolarización efectiva que la crisis ha devaluado al suprimir también las ayudas para adquirir el material escolar. Las parroquias coruñesas atendieron el pasado año 5.480 casos para ayudar a la escolarización.
Cáritas avisa de que la pobreza podría incrementarse aún un poco más pese a los indicadores macroeconómicos que apuntan a una recuperación, por lo que aconseja que no se baje la guardia en las medidas de protección social, especialmente en el ámbito infantil. Los servicios sociales coruñeses alertaron también recientemente de la necesidad de ampliar la provisión para urgencias sociales ante el dramático aumento de familias que pierden su hogar o no pueden pagar los servicios básicos como luz y gas por su pérdida de ingresos. Las personas más empobrecidas siguen estando ahí, insiste Cáritas. Y lo peor es que entre ellas hay cada vez más niños.
Las autoridades competentes no deben confundir la fundada esperanza en indicadores estadísticos que parecen empezar a vislumbrar por fin luz al final del túnel de la crisis con la repentina desaparición de las graves amenazas sociales de empobrecimiento que han dejado estos largos años de destrucción de empleo y obligada política de recortes. Es comprensible que se insista en la receta de la austeridad para apuntalar la salud económica del Estado, que parece estar dando frutos a tenor de los últimos datos, pero no a costa de sobrepasar líneas rojas que marcan un punto de no retorno en los cimientos sociales. El alarmante crecimiento de la pobreza infantil es desde luego una de esas fronteras sociales en las que resulta intolerable bajar la guardia en aras de una insensible política contable.
