Los comicios europeos han sido tradicionalmente el patito feo del proceso electoral en España, con una marcada tendencia a la abstención que los sitúa para los ciudadanos en el último escalón de interés entre todas sus citas con las urnas. Esto ha sido así durante años por una ilógica percepción de lejanía de los efectos de la política comunitaria en la realidad más inmediata y próxima de los votantes y, también hay que decirlo, por el escaso interés que las formaciones políticas han puesto hasta ahora en estas elecciones. El Parlamento europeo ha venido siendo hasta el momento un cementerio de elefantes políticos al que los partidos enviaban a cuadros incómodos o venidos a menos para un honroso retiro.

Había la convicción de que la consideración de la política comunitaria por los electores iba a dar un giro radical en estos comicios, debido a la enorme repercusión de las últimas medidas europeas en las condiciones sociales y económicas de los españoles, como principal inductora de la política de austeridad y los impopulares recortes en el gasto social. Paradójicamente, muchas encuestas auguran, sin embargo, una abstención mayor que en las últimas elecciones europeas de 2009, cuando la crisis aún no había mostrado sus peores consecuencias.

El desencanto por la Unión Europea ha tenido como principal caldo de cultivo, según el experto Andrés Faíña, miembro de la cátedra Jean Monnet de la Universidade da Coruña, los problemas derivados de la entrada del euro, agravados por la recesión económica. El episodio crítico de la prima de riesgo de la deuda, que mantuvo durante meses a España al borde del abismo y la obligó por imposición de la Comisión Europea a durísimos ajustes, es para este catedrático uno de los momentos claves de inflexión en el empeoramiento de la fe del ciudadano español y gallego en el modelo comunitario europeo. Parecería que precisamente esto debería incentivar la participación, pero el que dos gobiernos de distinto signo, socialista y popular, hayan tenido que aceptar una similar política de recortes dictada desde Bruselas lleva equivocadamente al elector al pesimismo de creer que la política europea es algo inmutable que las elecciones no van a cambiar. Buena parte de este desencanto es responsabilidad, por otra parte, de la miopía política de algunos líderes que han actuado durante la crisis pensando solo en sus políticas domésticas, en detrimento de la credibilidad de la Unión Europea.

Este desentendimiento de la política comunitaria a la hora de acudir a las urnas resulta contradictoria con el hecho de que la mayoría de las leyes que rigen la vida cotidiana de los ciudadanos, no solo las medidas excepcionales como los ajustes de gasto en una crisis de deuda, emanan del Parlamento europeo. Choca además con la realidad estadística que demuestra que buena parte del dinero gastado en infraestructuras públicas procede de fondos comunitarios, como es el caso de A Coruña: otra cosa es cómo se gestionan esos fondos.

El alejamiento de los electores de la res pública comunitaria patente en los altos niveles de abstención es solo una de las caras de la moneda en las asignaturas pendientes de una plena participación democrática de los ciudadanos en el proyecto europeo. La otra es el aún incipiente interés por el control de la gestión que las administraciones políticas más cercanas realizan de las oportunidades que ofrece el escenario europeo para mejorar la calidad de vida en el entorno local. Esa fiscalización ciudadana forma también parte del proceso democrático de las elecciones europeas, que no se agota el día del voto. Un informe publicado días pasados en LA OPINIÓN desvela que los fondos de la Unión Europea permitieron erigir algunas de las infraestructuras e instalaciones claves de la ciudad, pero con desigual resultado de gestión de las obras y su funcionamiento.

A l margen de los condicionantes macroeconómicos y políticos, A Coruña también se juega parte de su futuro de inversiones en programas como los fondos de cohesión y los Feder 2014-2020, cuyas ediciones anteriores alumbraron instalaciones fundamentales como la depuradora de Bens, el puerto exterior, el paseo marítimo o la terminal de cruceros. La gestión de algunas de estas decisivas obras se encuentran actualmente en cuestión, como es el caso de los casi nueve millones de euros que llegaron de Bruselas para la planta de reciclaje de basuras de Nostián, ahora en el ojo del huracán de la polémica. O el retraso en la construcción y los recurrentes problemas en la puesta en funcionamiento de la depuradora de Bens, a la que Bruselas aportó el 85% de los 112 millones de su coste. Lo sucedido con los cerca de 200.000 euros concedidos en 2002 por Bruselas al Ayuntamiento coruñés para instalar bolardos en la Ciudad Vieja, que debieron ser devueltos años después por no haberse utilizado, es otro claro ejemplo de cómo la participación del elector en la política europea debe pasar también por el control de la gestión y el aprovechamiento de las ayudas europeas en sus ciudades.

Entre las mayores expectativas que los coruñeses tienen en la Unión Europea para los próximos años, además de cuestiones decisivas en la política pesquera o ganadera, se encuentra uno de los retos más antiguos de la ciudad: la recuperación de su estuario. Tras décadas de espera que ha llevado a la ría de O Burgo a un deterioro casi terminal, la próxima legislación europea es la última esperanza para lograr los fondos necesarios para lograr la regeneración del estuario coruñés. En estas elecciones hay mucho en juego, también para los coruñeses, por lejanas que nos parezcan las instituciones parlamentarias de Bruselas y Estrasburgo. Acudir hoy a las urnas es la mejor forma de decidir qué proyecto europeo queremos.