Mantengo lo escrito el martes, fracaso del independentismo el 9N en las urnas y deber de la Fiscalía de acusar a Mas, al menos, de desobediencia al TC en aplicación del 410 del Código Penal. La novedad de la semana han sido las discrepancias entre fiscales, Torres Dulce y los del Tribunal Superior de Cataluña, que arrojan luz sobre algunas incertidumbres. La menor era el por qué de la tardanza de Rajoy en comparecer y explicarse. La mayor afecta a la cuestión principal, la de la acusación a Mas. Me parece lógico que el presidente retrasara su comparecencia hasta saber a qué atenerse con la Fiscalía y, en consecuencia, que enterado de las discrepancias mantuviera un tono prudente sobre la acusación limitándose a exponer su contundente negativa a volver a dialogar con Mas sobre el referéndum, sobre la integridad territorial y sobre la soberanía. ¿Qué más podía decir sino repetir lo que mantiene sin fisuras desde hace un año? Rajoy, pues, correcto y en su sitio. Ni el referéndum definitivo que quiere Mas es posible, ni la reforma federal de Sánchez tiene recorrido, ni el diálogo ¿sobre qué? que le exigen los demás partidos es otra cosa que el intento de las minorías por hacerse notar. Lo grave es lo otro, las discrepancias, que, si escandalizan a quienes piensan que la dependencia jerárquica de que habla el Estatuto Orgánico del Mº Fiscal convierte a los fiscales en cabos que obedecen sin rechistar las órdenes del capitán de la compañía, no deben causar demasiada inquietud. Los fiscales de Cataluña discrepan, al parecer, frontalmente de Torres Dulce y la decisión final se hará esperar, pero llegará porque la providencia del TC acordando la suspensión del proceso participativo y de los actos impugnados, así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella, no ofrece dudas ni sobre el destinatario del acuerdo, ni sobre su obligatoriedad, ni sobre sus consecuencias. Negar que hubo consulta y que Mas es el responsable de la participación de la Generalitat en ella es negar la evidencia y toca acusarle por ello. En España se ha encarcelado a ministros y a presidentes de comunidades, por tanto nada tiene de anómalo proceder contra uno más y que decidan los jueces que, no se olvide, serán los del Tribunal Superior de Cataluña y pueden absolverlo. Eso es lo que demanda la normalidad en un Estado de Derecho.
Tribunales al margen, la circunstancia política de Mas no ha variado mucho tras el 9N. Sus discrepancias con Junqueras aumentan porque mientras el líder de ERC quiere ya elecciones, declaración unilateral de independencia a lo Kosovo y República catalana, Mas no quiere vulnerar la legalidad, por eso insiste en que el 9N se celebró con cobertura legal y en que no cometió delito. Y tampoco se inclina con claridad a unas elecciones plebiscitarias con lista única porque eso le llevaría a un gobierno cuatripartito, o sea a la ingobernabilidad, además de no superar el millón ochocientos mil votos que ya sumaron en las últimas autonómicas CiU, ERC, CUP e ICV, insuficientes para proclamar la independencia. Si el apoyo del PSC a los presupuestos sirve para distanciar a Mas de Junqueras y a sosegar su tono, bienvenido sea aunque a Sánchez le cueste un puñado de votos. No es fácil aclararse en la política catalana que tiene, parece, bastante de italiana pero al menos, con paciencia, hay que intentarlo.
