Ni tontos ni útiles

Con todas las reservas que quieras, querida Laila, con todas las salvedades, el personal tiene la sensación de que lo menos malo de este país es todavía y de momento el tercer poder. Es más, cuando se habla, tantas veces peyorativamente, de los políticos o de la política, el personal sobreentiende casi siempre al ejecutivo y al legislativo. Excluye inconscientemente al poder judicial como si éste no perteneciera al ámbito de la política. En todo caso, los tribunales se ven como el último recurso con el que cabe alguna posibilidad de alcanzar lo que es justo. Un clavo ardiendo, vamos. El hecho de que al menos algunos peces gordos de la mafia y de la corrupción hayan caído de las altas torres de la impunidad, que se les suponía y que ellos mismos se creían, ha prestigiado a la Justicia, pero también ha atascado en muchas ocasiones la circulación del derecho y sobrepasado con mucho a los medios humanos y materiales con que los jueces cuentan para hacer su trabajo. De ahí surge la convicción general de que la Justicia es demasiado lenta y, en tal caso, se proclama que "justicia lenta no es justicia". Y esto lo cacarean incluso aquellos que no han reparado en medios y triquiñuelas de ingeniería procesal para retrasar, por conveniencia propia, sus propios litigios. De inquietudes como esta se hace cargo el Gobierno y en una reacción, tan demagógica y populista como las que denuesta en otros, decide legislar ad hoc como acostumbra, y pretende establecer plazos obligatorios para la instrucción judicial, como si los retrasos, atascos y demoras se debiesen a la voluntad, desidia o torpeza de los jueces instructores. Es decir, el Gobierno, otra vez, tomará el rábano por la hojas, tirará de ellas y ya veremos cómo se cae de culo dejando el tubérculo enterrado. Le va a pasar lo mismo que con las tasas judiciales?, si le dan tiempo.

La verdadera causa, fundamental y principal, de la lentitud de la Justicia es la evidente y escandalosa carencia de medios humanos y materiales para que jueces, fiscales, letrados y funcionarios puedan realizar con normalidad su trabajo. Algo de lo que el Gobierno se desentiende con la triquiñuela de los plazos. La Justicia no tiesne que ser ni rápida ni lenta, sino segura y precisa. Es aquello que por primera vez le oí a mi padre en sabia respuesta epicúrea contra cualquier exceso: "nin tanto ¡arre! que fuxa, nin tanto ¡xo! que se deite".

Me malicio, querida, de que esta falsa solución que el Gobierno pretende no es simplemente un error o fruto de necedad o incompetencia, sino un cálculo un tanto avieso para evitar que el beneficio que la lentitud de la Justicia traía para los corruptos no traiga también consigo efectos políticos negativos para quienes les amparan. Me explico. La lentitud de la Justicia se produce sobre todo en macroprocesos complejos de corrupción, porque la escasez de medios obliga a destinar más tiempo a los procedimientos. Esto beneficia a los encausados, diluye responsabilidades, aplaza cuando no evita condenas y, con ingeniería procesal y buenos abogados, se puede salir de rositas o que la cosa compense. Pero la experiencia de los últimos años demuestra que, por otra parte, la duración de las causas perjudica notablemente a los políticos protectores o de una u otra forma implicados, ya que están expuestos permanentemente en el escaparate de la corrupción nacional. Con los plazos a la instrucción se evita esto y, al mismo tiempo, puede conseguirse un similar grado de impunidad con una instrucción precipitada, realizada con obligada rapidez y los mismos escasos medios. Es decir, rápido o lento, el caso es huir del convento.

Como ves, querida, ni son tontos ni son útiles. Están corrompidos.

Un beso.

Andrés