El agravamiento del 'caso Pokemon' en A Coruña exige luz y taquígrafos

La juez que instruye la operación Pokemon, la mayor investigación judicial sobre corrupción municipal en Galicia, acaba de dar un salto cualitativo en el proceso al apuntar directamente por primera vez al alcalde de A Coruña. La magistrada Pilar de Lara deduce en su último auto judicial, hecho público esta pasada semana, que Carlos Negreira conocía y consentía una supuesta red de personas para enchufar en servicios municipales, elaborada por su mano derecha, el teniente de alcalde Julio Flores.

De Lara se basa en llamadas telefónicas y correos electrónicos intervenidos a Flores para argumentar su convencimiento de que el número dos del Gobierno local tendría una lista de personas para contratar en los servicios municipales a cambio de su concesión a la empresa Vendex. La magistrada mantiene además que esta suerte de agencia de colocación ilegal que operaría fraudulentamente en el Ayuntamiento no actuaría aisladamente, sino a sabiendas del Gobierno local coruñés, incluido el alcalde.

Del texto judicial se deduce que la negociación de concesiones municipales entre Vendex y las autoridades municipales coruñesas vendría a ser un quid pro quo en el que la firma investigada habría implantado en A Coruña una política empresarial para lograr adjudicaciones a cambio de gratificaciones. Estas gratificaciones incluirían, siempre según la investigación, pagos de dinero, regalos y la contratación en los servicios adjudicados de personas recomendadas.

El auto de la jueza Pilar de Lara alude a una condición especialmente perversa de estas irregularidades. Al tratarse Vendex de una empresa a la que se han adjudicado servicios públicos, los trabajadores contratados se convertirían prácticamente en funcionarios porque pasarían a ser subrogados por el Ayuntamiento si se cambia la concesión. Es decir, que en la práctica esta supuesta lista de enchufados que según la juez manejaría Julio Flores con consentimiento del alcalde se convertiría en una vía fraudulenta para aumentar el funcionariado municipal con personas allegadas al poder político sin tener que afrontar oposiciones ni demostrar méritos.

El auto judicial aporta abundantes pruebas para sostener que las peticiones de enchufes eran atendidas por miembros del Gobierno local. En las conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados por los investigadores de la Pokemon al teniente de alcalde, en los que terceras personas solicitan la mediación para la contratación de recomendados, se adjuntan currículos que son reenviados por el número dos en María Pita a los concejales pertinentes. La jueza De Lara ha solicitado a Hacienda y la Seguridad Social datos para verificar si algunos de los nombres que figuran en esa supuesta lista de personas cuyo enchufe fue solicitado a Flores han sido contratados en servicios municipales.

La trama coruñesa de la Pokemon se está convirtiendo en una bola de nieve que no para de crecer. El auto de la jueza De Lara sobre esta supuesta lista de personas a enchufar en los servicios municipales llega sin que se haya digerido aún el impacto por otro escándalo procedente del mismo sumario, en el que se apunta que desde el Concello se lograba la retirada de multas impuestas por los servicios de la grúa y la ORA a infractores que obtenían el favor político.

Desgraciadamente, la Pokemon no es el único caso que está salpicando a A Coruña con escándalos de corrupción. La operación Zeta desvela inquietantes indicios de implicación de conseguidores próximos a cargos público. Y LA OPINIÓN revela hoy mismo que las investigaciones de la Pokemon apuntan ya a que las irregularidades en la contratación de personal en las concesiones de servicios municipales abarcan a más firmas que Vendex.

Son muchos los coruñeses sorprendidos no solo por el estallido de los escándalos, sino por la reacción de la Alcaldía. Negreira desdeñó el auto aduciendo que no hay novedad en los indicios acusatorios de la investigación, pese a que por primera vez le ponen directamente a él en el punto de mira. Más lapidaria fue la reacción de su número dos e ingrediente en todas las salsas de la Pokemon, que primero atribuyó el último auto a meras fantasías de la juez y luego zanjó el asunto calificándolo de "chorrada".

La actitud del Gobierno local fue censurada inmediatamente por la plataforma ciudadana Marea Atlántica y los grupos de oposición BNG y EU, que urgieron la celebración de un pleno extraordinario para aclarar lo que está pasando. El PSOE, en cambio, se ha desmarcado de esta alternativa, aunque pide también explicaciones.

El impacto de la noticia entre los coruñeses obligó sin embargo al alcalde a modificar su postura apenas unos días después. Negreira admitió el viernes que sí estaba dispuesto a analizar la posibilidad de celebrar ese pleno extraordinario una vez reciba la petición formal por parte de la oposición, aunque habló también de impedimentos legales.

La simple disposición de Negreira a analizar la celebración del pleno deja en evidencia a la candidata socialista Mar Barcón, que se ha quedado sola rechazando tal posibilidad. En las filas municipales socialistas crece la preocupación ante un más que probable descalabro electoral que en gran parte atribuyen a una labor opositora alejada de la labor de control que le es propia. Sus críticos sostienen que Barcón ha optado, en asuntos esenciales como los de la corrupción, por una sorprendente connivencia no solo con Negreira, sino con todo ese entramado de intereses que una vez más intenta tapar las cloacas de la ciudad con un estruendoso manto de silencio.

Resulta difícil de entender que a estas alturas el Gobierno local de A Coruña no haya puesto en marcha ni un solo resorte político o administrativo para aclarar los cada vez más graves indicios judiciales que se suceden desde hace dos años, cuando se imputó a Julio Flores. Antes de dar marcha atrás en la postura de restar importancia al escándalo de los enchufes, el alcalde había intentado quitar hierro al asunto con una declaración poco afortunada en la que decía que una cosa era la política y otra la Justicia. Con lo que parecía dar a entender que la lucha contra la corrupción solo incumbe a los jueces, no a los políticos.

Si algo ha quedado claro en España es que, tal y como reconoció el propio presidente Rajoy cuando pidió perdón públicamente por el caso Bárcenas, los ciudadanos ya no consienten la tolerancia de la clase política con las corruptelas, independientemente de su calibre o implicación. Los coruñeses nunca aceptarán el silencio como respuesta a las graves acusaciones que ensombrecen el buen nombre de la ciudad. La dignidad institucional de A Coruña exige siempre coraje político. Ya no es posible seguir mirando para otro lado.