Hacienda es un escándalo

Desde que el juez Pablo Ruz dictó un auto de apertura de juicio oral contra 40 imputados de la trama Gürtel imponiendo una fianza civil de 449 millones de euros, confirmando que en dicha cantidad se incluyen las fianzas de 245.000 y 28.467 euros que corresponden depositar al PP y a la exministra Ana Mato, respectivamente, por ser partícipes a título lucrativo y haberse beneficiado de las corruptelas de dicha trama, se ha disparado el pánico dentro de las filas populares.

El citado auto ha revolucionado las estructuras de los conservadores. Tienen que comparecer a juicio, depositar las fianzas exigidas y ver cómo aumenta su nivel de desprestigio. La causa abierta tiene que pasar a la Audiencia Nacional que fijará los plazos señalados por la ley para la celebración de la vista. Por otra parte, el juez Ruz requirió de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, que emitiera un informe por medio del cual se calculase la cuota tributaria que defraudó el PP por donaciones supuestamente ilegales. Los requerimientos del togado han sido torpedeados por la Agencia Tributaria, que se ha salido por la tangente manifestando que el PP es una ONG sin ánimo de lucro y asistencia social (como la Cruz Roja) y, como Hacienda es de todos, a los ciudadanos les queda una cara a cuadros. ¿A dónde vamos a llegar para ocultar las fechorías del PP y sus secuaces? ¿Desde cuándo un partido político es una organización benéfica? Montoro se enroca en un bucle legal para evitar que el PP tenga que comparecer a juicio, pero en estas tierras hispanas los ciudadanos han tenido que sufrir las proposiciones de obligado cumplimiento, sin rechistar, emanadas desde el Ministerio de Hacienda y que sepamos, salvo aquellas organizaciones benéficas reconocidas, a ninguna organización ni ciudadano, en particular, se le permite ningún tipo de donación sin cotizar y declarar al Ministerio de Hacienda lo que las leyes tributarias disponen.

La lluvia ácida que empaña al PP ha resquebrajado el discurso de Rajoy y sus muchachos. Han jugado sucio creyéndose impunes y ninguno dimite porque carecen de vergüenza, de respeto a sus votantes y a la gran mayoría social que mira asombrado como los conservadores, los populares, afectados por numerosos escándalos, intentan salvar la situación. Para ello el Gobierno ha introducido y modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cambiando el término imputado por investigado, pero aquí y ahora no caben cuestiones semánticas. Lo único cierto es que el PP sigue llevando en sus listas electorales a imputados, aunque ahora les llame investigados: es el caso de José Imbroda cabeza de lista a la presidencia de Melilla o a León de la Riva, cabeza de cartel para la Alcaldía de Valladolid. ¿A dónde quiere llevarnos el PP y sus dirigentes? Difícil de entender y de justificar. La sensación es que su forma de hacer y de gobernar conducen a un enfrentamiento ciudadano de imprevisibles consecuencias. Cuando un gobierno incumple, vulnera y esquiva las leyes, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? Se premiará al acertante.