La rentabilidad político/judicial del 'caso Paula Prado'

Salvo sorpresa mayúscula, que nadie espera, todo apunta a que Paula Prado no se sentará en un banquillo para responder de los presuntos delitos de tráfico de influencias, soborno o falsedad documental que la jueza De Lara intuía que podría haber cometido la diputada del PP en su etapa como concejala en el Ayuntamiento de Santiago. El magistrado que instruyó el caso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hace suyo el informe del fiscal y propone a la Sala de lo Civil y lo Penal que le dé carpetazo definitivo, lo que a efectos prácticos equivale a la absolución por anticipado frente a unas acusaciones que, como tales, no llegaron nunca a formalizarse, si bien tuvieron consecuencias políticas tangibles.

Los testimonios gráficos dan fe de la satisfacción que mostraba Prado en su escaño del Pazo do Hórreo al recibir las felicitaciones de sus compañeros del grupo popular. Se entiende la cara de alivio al saber que está a punto de concluir un calvario que, por encima de lo político, le afectó muy gravemente en lo personal. Más allá de la incómoda peripecia judicial, que la tuvo en vilo muchos meses, lo más doloroso, dicen, fue el daño irreparable que le causó la reiterada difusión de fragmentos de unas jugosas conversaciones que trasmitían de ella la imagen de una persona maniobrera, intrigante, ambiciosa y dispuesta a usar los resortes de poder institucional a su alcance para ayudar a los suyos, familiares, amigos y correligionarios. Eso no se puede borrar: lo escrito, escrito está y lo que se oyó, oído está. Es la pena mediática o de telexornal inherente a la filtración o publicación de sumarios en bruto.

Desde la cúpula del partido le han transmitido que la dan por rehabilitada políticamente. Recuerdan que fue la propia Prado quien ofreció dimitir como portavoz del Pepedegá ante la imposibilidad de publicitar los argumentarios partidistas en unas ruedas prensa en las que los periodistas la acribillaban con preguntas incómodas sobre su situación procesal. Al final la renuncia fue un alivio para todos, incluido Feijóo, que no quiso dejarla caer del todo, exigiéndole su acta parlamentaria, porque no estaba acusada de meter la mano en la caja, o sea, de lo que la calle entiende por corrupción y porque además don Alberto siempre sostuvo que la imputación (o como en adelante se llame) no es lo mismo que el procesamiento y no presupone condena. De ahí a que sea llamada de inmediato a nuevas responsabilidades, o que recupere alguno de sus antiguos cargos, media un considerable trecho.

En el entorno del presidente de la Xunta recuerdan que ésta es la tercera ocasión en poco tiempo en que un importante dirigente o cargo público del Pepedegá sale de rositas de una investigación impulsada por la superjueza luguesa que instruye varias de las macrocausas que sacuden desde hace años el escenario político gallego. Antes ya se archivaron los sonados casos del alcalde de Ferrol y del portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro. Sobre ellos también pesaron serias acusaciones. Y no se descartan para antes de las elecciones municipales de mayo nuevos archivos de actuaciones que afectan a piezas claves en ayuntamientos gallegos con gobiernos populares.

Por otro lado, todo esto, sostiene la gente de confianza de Feijóo, tiene también de rebote su parte políticamente provechosa en la medida en que acabará por menoscabar el prestigio de Pilar de Lara como instructora. Y lo que es más importante, hará que se vaya extendiendo entre la ciudadanía la idea de que su señoría, siendo trabajadora y contumaz, no es para nada infalible, sino más bien bastante propensa a los patinazos, por lo que resultaría especialmente prudente aplicar con el máximo rigor la presunción de inocencia en muchos de los asuntos que ella se trae entre manos. Para evitar daños irreparables.