Está en la recta final de su mandato, con una sucesora in péctore, Milagros Otero, lista para relevarlo, únicamente a la espera de que se cubran los trámites parlamentarios pendientes. A José Julio Fernández Rodríguez le quedan apenas como quien dice un par de telexornais como Valedor do Pobo, un cargo que ocupó de forma interina durante más de tres años, desde la dimisión del controvertido Benigno López, y del que se despide con un balance que todo el arco parlamentario considera más que aceptable, incluso algunos muy positivo, dentro de las limitaciones de competencias y ahora también de medios con que opera la institución.

Gobierno y oposición le consideran un Valedor muy válido. Unos y otros reconocen su esfuerzo por modernizar la defensoría, por poner al día, tanto en la forma de trabajar o de relacionarse con la sociedad, como en el abordaje de problemas nuevos que tienen que ver, para bien y para mal, con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra vida cotidiana. Eso no le impidió ocuparse del aluvión de quejas de los gallegos de a pie víctimas, en estos duros años de crisis, de los recortes en servicios públicos esenciales perpetrados por las administración ante la obligación de cuadrar las cuentas.

Aunque de ideas conservadoras y cercano al PP, José Julio Fernández no tuvo reparo en llamar la atención de gobiernos afines, cuando había razón para ello, o de adentrarse en territorios tan sensibles como la discriminación de los homosexuales, los bisexuales o los transexuales. Precisamente su último informe, recién salido del horno, está consagrado a la vulneración de derechos que padece en Galicia el colectivo LGTB. En él denuncia sin ambages que para conseguir una efectiva igualdad la legislación, por muy prolija y bienintencionada que sea, resulta insuficiente. Una postura valiente que simplemente por edad e idiosincrasia no sería esperable de ninguno de sus venerables antecesores.

Se va un Valedor, además de capaz, de lo más preparado. El suyo es un currículum académico difícilmente mejorable. Cuatro licenciaturas, nada menos, desde Derecho a Comunicación Audiovisual pasando por Ciencias Políticas y Periodismo. Además es un experto en seguridad y defensa. Profesor titular de la Universidade de Santiago, completó su formación y desarrolló su carrera investigadora como constitucionalista en media Europa y buena parte de Latinoamérica. Todo eso, y un montón de publicaciones, a los 45 años. Casi imposible encontrar un perfil más completo e idóneo para el cargo en una persona relativamente joven.

Pero fue vicevaledor y se convirtió en Valedor por accidente. Encima, la interinidad duró demasiado, casi un mandato. Su independencia de criterio tampoco jugaba a favor de la continuidad. Y es probable que también tenga mucho que ver con el cambio el gesto simbólico de situar, al fin, a una mujer al frente de una de las más relevantes instituciones estatutarias, reservada hasta ahora a varones. Lo que se reafirma es la norma no escrita pero ya consagrada de que el defensor del pueblo gallego sea un jurista de reconocido prestigio. Los tres primeros fueron magistrados de larga carrera; ahora parece que le toca a los profesores universitarios. Por tanto, se descarta en Galicia lo que viene siendo norma en otras comunidades, que el alto comisionado del Parlamento para vigilar los excesos y los defectos de las administraciones públicas sea un político veterano en retirada, capaz de concitar el respeto incluso de quienes fueron sus oponentes ideológicos. Habría que ver si es porque aquí no andamos sobrados de ese tipo de gente o porque la que hay no nos vale.