El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el rector de la Universidade da Coruña, Xosé Luís Armesto, han sentado las bases para superar una de las asignaturas pendientes que se venía arrastrando en la ciudad desde hace más de un cuarto de siglo. A Coruña dejará de ser por fin el único campus universitario gallego que carece de una residencia pública para estudiantes.
El acuerdo suscrito entre los gobiernos local y provincial y la Universidad para convertir el colegio Calvo Sotelo en residencia universitaria ha venido a desbloquear unas negociaciones que se habían estancado el año pasado y dotará a la ciudad de una infraestructura académica de la que inexplicablemente adolecía.
No deja de ser paradójico que el área de A Coruña, a la cabeza en todos los índices económicos y sociales de Galicia, fuese la última en lograr una estratégica herramienta universitaria de la que gozan desde hace años Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Ourense y Pontevedra.
Estos largos años de incomprensible espera tuvieron mucho que ver con el desencuentro de las administraciones, en especial con la Xunta, que tumbó en su momento un proyecto de la Universidad, con las expropiaciones ya ejecutadas y pagadas en Elviña. El Gobierno gallego apostaba por una gestión privada de la residencia a lo que se oponía el Rectorado, que defendía un funcionamiento público, como en el resto de las universidades gallegas. El edificio del colegio Calvo Sotelo es propiedad de la Diputación de A Coruña y ya había estado en el punto de mira el año pasado, pero las conversaciones entre Universidad, Ayuntamiento y Diputación no llegaron a cristalizar.
El proyecto de residencia universitaria pública que más llegó a avanzar en A Coruña fue puesto en marcha en septiembre de 2007 por la Consellería de Vivenda e Solo, dirigida durante la etapa del bipartito por Teresa Táboas. La Xunta llegó a iniciar las expropiaciones de casi 70 parcelas, un total de 44.000 metros cuadrados, entre la facultad de Informática y el núcleo rural del castro de Elviña para la construcción de una residencia con capacidad para 600 plazas. Por el diseño, un estudio catalán recibió 669.000 euros, pero la obra, planeada para ser estrenada en 2009, nunca llegó a adjudicarse. Tras la entrada del Partido Popular en los gobiernos autonómico y local, en 2009 y 2011, el proyecto se paralizó definitivamente.
El PP esgrimió escasez de fondos públicos para llevar a cabo la residencia, cuyo presupuesto para urbanización y edificación rondaba los 20 millones de euros. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, Agustín Hernández, calificó el proyecto escogido por el anterior Ejecutivo de "despilfarro de recursos públicos" y prometió levantar un complejo residencial distinto por un importe cercano a los diez millones.
Tanto la construcción como la posterior gestión de la nueva residencia serían privadas, según la propuesta de Hernández, algo que la Universidad nunca llegó a aceptar. El rector de la Universidad en aquel momento, José María Barja, se mostró dispuesto a negociar únicamente si la gestión de la residencia, una vez construida, fuese pública, del mismo modo que ocurre en el resto de las universidades gallegas. En las mismas coordenadas se situó su sucesor, el actual rector Xosé Luís Armesto, por lo que la situación quedó aparcada.
Donde sí hubo avances en ese período fue en el campus de Ferrol. El Ayuntamiento cedió allí un edificio de Asuntos Sociales, situado en el céntrico barrio de la Magdalena, para una residencia pública de 22 plazas que comenzó a andar en 2013. El modelo ferrolano fue tomado como referencia por el Concello de A Coruña y la Universidad para una posible aplicación en la ciudad.
A finales del año pasado, Ayuntamiento y Universidad intensificaron las negociaciones ya con la propuesta del Calvo Sotelo sobre la mesa. Armesto declaró en noviembre de 2014 que tenía la esperanza de que "en uno o dos meses" el plan se acabase por concretar, pero en diciembre aseguró que no habría residencia pública durante el curso que empieza.
El asunto volvió a la palestra con la llegada de Marea Atlántica al Ejecutivo local. Xulio Ferreiro propuso tras asumir la alcaldía analizar la conversión en residencia pública del hotel Atlántico, cuya concesión finaliza en 2017, aunque lo supeditó a que no existiera otra alternativa. Finalmente, Ferreiro y el socialista Gónzalez Formoso, que gobierna la Diputación con apoyo del BNG, acordaron en agosto impulsar la puesta en marcha de la residencia en el Calvo Sotelo. El alcalde coruñés agradeció entonces la sensibilidad del presidente provincial para propiciar una pronta solución. El inicio de los trámites oficiales este pasado jueves sitúa por fin el largo y sinuoso camino de la residencia universitaria en una hoja de ruta real. La residencia abrirá el próximo curso con un centenar de plazas.
Su logro, tras tantos años de espera, se ha sumado esta misma semana a otro esperanzador indicio de despegue de la institución académica coruñesa. Tras un tenso pulso mantenido este verano con la Xunta en torno a la cuantía de la financiación que corresponde al campus coruñés, muy castigado por los recortes, el rectorado ha anunciado para este arranque de curso el levantamiento de las restricciones de gasto que padecía. La razón es que el Gobierno gallego se ha comprometido finalmente a garantizar la liquidez de la Universidad coruñesa.
La dotación de una residencia de estudiantes que A Coruña no debió tardar 26 años en conseguir y el refuerzo financiero del campus son pilares fundamentales para un necesario despegue de la Universidad en la apuesta por una excelencia educativa acorde con la relevancia económica y social del área en que se asienta. Un camino que ahora parece más franco pero del que queda aún mucho por recorrer.
