Los coruñeses eligen hoy a los ocho diputados que los representarán en el Congreso de los Diputados, cuya configuración determinará quién gobernará España en los próximos cuatro años de legislatura nacional.
No son unos comicios más. Las urnas elegirán hoy algo más que una mayoría parlamentaria o un nuevo Gobierno. Determinarán también si el modelo político bipartidista de los últimos cuarenta años hace agua, como pronostican las encuestas.
Todos los sondeos auguran en estas elecciones generales la instauración de un nuevo mapa político que dejaría atrás el tradicional modelo de alternancia en el poder de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y abriría la puerta a fórmulas de gobierno más complejas, sin mayorías absolutas y basadas en la negociación y las alianzas.
Este escenario político alternativo medirá también la implantación de las dos fuerzas emergentes, Ciudadanos y Podemos, encuadrado en A Coruña en la Marea, que las estadísticas sitúan como nuevos árbitros en un Congreso dominado por cuatro grandes partidos en lugar de dos. Un panorama cambiante que asomó con fuerza en las pasadas elecciones europeas de 2014, dio la campanada en las municipales de mayo con una ola de inesperado relevo político en las principales ciudades españolas, entre ellas A Coruña, y va camino de consolidarse en este 20-D.
El vertiginoso cambio del mapa político español en apenas año y medio guarda una estrecha relación con los grandes desafíos que afronta la sociedad española, como el reto soberanista en Cataluña, la incesante lacra de la corrupción y los devastadores efectos de la crisis económica que han empobrecido a la clase media, con sus secuelas de desempleo e incertidumbre en el sistema de pensiones por la caída de las cotizaciones a la Seguridad Social. La mayoría de los analistas coinciden en que, gane quien gane, además de precisar pactos para poder gobernar, deberá afrontar una revisión profunda del modelo de país. Una segunda transición.
Además de los desafíos generales que le competen como a todos los españoles, los coruñeses tienen retos propios en juego en estas elecciones. En las conclusiones del debate mantenido hace unos días en la sede de la OPINIÓN entre los cabezas de lista de las candidaturas al Congreso por A Coruña, subyacía entre las diferencias partidarias una preocupación común: la necesidad de generar más empleo y menos precario.
Galicia fue la segunda comunidad en la que más creció el paro en la recta final del año y la provincia de A Coruña es la cuarta con la menor subida salarial en España en lo que va de año.
La falta de trabajo ha provocado en estos últimos cuatro años que cerca de un 20% de coruñeses entre 20 y 35 años emigrasen a otras zonas de España y al extranjero en busca de las oportunidades que aquí no encuentran. Un inquietante éxodo en una franja de población determinante para el futuro, que para los expertos pone en peligro el relevo demográfico.
El resultado de las urnas tendrá también consecuencias en la resolución de proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad que han quedado pendientes en esta legislatura que termina. La ampliación de la avenida de Alfonso Molina, la urbanización de la fachada marítima, la estación intermodal, o la regeneración de la ría de O Burgo, han quedado como deberes para el nuevo Gobierno.
Una de las cuestiones claves para el área coruñesa en la próxima legislatura será el grado de compromiso inversor del Estado en la finalización del puerto exterior coruñés. El pleno municipal exigió el pasado martes la revisión de los acuerdos de 2004 que obligan a pagar la dársena de Langosteira con la venta de los muelles interiores para no hipotecar el futuro de la fachada marítima de la ciudad. La Corporación reclama también que el Gobierno financie la conexión ferroviaria a Langosteira, con un coste estimado de 130 millones, al igual que en las dársenas exteriores de Ferrol o Gijón.
En la remodelación de Alfonso Molina, una doble oportunidad para conciliar los objetivos de un tráfico más fluido en el acceso a la ciudad por el centro y humanizar los populosos barrios que se sitúan en los márgenes de la avenida, el Concello había logrado de la ministra Ana Pastor modificaciones en el inicial proyecto de Fomento que ahora deberán esperar al nuevo Ejecutivo.
El aeropuerto de Alvedro, amenazado por una propuesta de relegación a terminal de tráfico estatal en un organigrama que centraría la proyección internacional en Lavacolla, es otra cuestión de peso sobre la que tendrá mucho que decir el próximo Gobierno.
Los coruñeses tienen hoy la oportunidad de decidir con su voto el rumbo del timón de un país con grandes desafíos. Destacadamente, devolver a la política la grandeza perdida en los fangos de la corruptela, restaurar la confianza de los ciudadanos en sus mandatarios como servidores públicos y consolidar las esperanzas de mejora económica. En esos retos encaja también el compromiso de dar respuesta a los decisivos proyectos pendientes para el despegue de A Coruña.
