Estoy plenamente convencido de que las sesiones plenarias del Parlamento de Cataluña, que tuvieron lugar días pasados, como consecuencia de la aprobación de la Ley del referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la primera para fijar ciertas particularidades sobre la votación del día 1 de octubre, y la segunda para fijar el funcionamiento de las estructuras de poder de Cataluña, hasta que se redacte y apruebe la correspondiente Constitución. En cualquier caso, ambas sesiones no van a ser ejemplos que se vayan a exponer en algún foro o centro educativo del nivel que sea, como ejemplos a seguir de lo que se puede y debe entender, que debe ser el funcionamiento de un institución democrática en un país civilizado y con una Constitución vigente, la de 1978, que fue aprobada por una amplísima mayoría de los españoles, incluidos por supuesto los propios catalanes. Constitución, que por supuesto creo y considero que le ha llegado la hora en que hay que hacer una amplia revisión de la misma, tras más de 40 años en vigor.
El espectáculo que se montó en el Parlamento catalán es digno de ser relatado por un comentarista de deportes de boxeo. La sala de plenos era el ring, o también llamado cuadrilátero, y toda la oposición al Gobierno catalán, en el rincón derecho, y los aliados con el Gobierno en el rincón izquierdo; el árbitro, la señora Forcadell, presidenta del Parlamento. Todos los asaltos se caracterizaron por el lanzamiento de unos contra los otros de golpes bajos, que cada uno interpretaba que eran perfectamente ajustados a las normas, y que el árbitro daba más credibilidad a los dados por el rincón de la izquierda que los que daban los opositores. Los púgiles en cuestión pretendían, amén de que se aprobasen o no las citadas leyes, ganar tiempo para que se pudiesen pronunciar otras instituciones y suspenderse las respectivas sesiones plenarias, y otros lo que pretendían era acelerar los correspondientes trámites procedimentales para que el combate finalizase cuanto antes y, consecuentemente, se publicasen los resultados, que evidentemente, serían favorables a los partidarios del Gobierno, porque la decisión se adoptaría a los puntos, y estos, tenían más jueces a favor.
Las razones y argumentos utilizados por unos y los otros seguro que están llenos de razones que avalan sus posturas, porque las leyes están elaboradas en la mayoría de los casos para que puedan ser interpretadas, pero el gran problema es que ninguno de los púgiles, a mi modo de ver, ha salido vencedor del combate disputado. Las leyes aprobadas están ahí, los recursos y demandas judiciales están presentadas, por un Gobierno que tiene a varios ministros reprobados por la Soberanía popular (Congreso de los Diputados) y un presidente que cuando tiene que responder, dice: "No sabía nada", o "No me acuerdo"; y por un Fiscal General del Estado también reprobado por la misma institución. En cuanto a los contenidos de lo fallos tengo que decir que serán favorables, según todas las previsiones, porque la legitimidad, que no la legalidad, de los Tribunales que tienen que resolver, está en estos momentos muy cuestionada por la opinión pública, dada la forma de elección de sus componentes y por algunas de sus resoluciones dadas con anterioridad.
A la vista de cómo se encuentra actualmente la situación, la solución jamás puede venir por una actitud o comportamiento de ejercicio de la fuerza, material o formal, por parte de ninguno de los partidarios o seguidores de los dos contendientes. Con el ejercicio de la misma, lo único que conseguiríamos sería posponer el problema con Cataluña y que siguiese creciendo el número de partidarios de los del rincón de la izquierda. La utilización de la fuerza, sea de la índole que sea, no le va a dar más razón al que hace uso de ella, y sobre todo, cuando los del rincón de la izquierda esgrimen que lo que ellos en principio pretenden es poder expresar su opinión acerca de cómo quieren seguir viviendo, junto con el resto de los españoles o de manera independiente. En definitiva, quieren ejercer el expresarse libremente como un derecho tantas veces proclamado por tantos españoles sean partidarios de uno o de otro de los púgiles que han llevado a cabo el presente combate.
La solución al grave problema que tenemos en estos momentos sobre la mesa en España no se resuelve con árbitros mediatizados, ni jueces a la carta, solo se podrá resolver con políticos serios, honestos, responsables, y legitimados para buscar soluciones, antes de que el problema sea mucho más grave de lo que lo es en estos momentos. Son esos políticos, los que pueden hacer posible que haya un acuerdo, una vez que se hayan abierto las correspondientes vías de diálogo porque el problema, y en ello estoy de acuerdo con una buena parte de la sociedad española, es político, no judicial.
Por todo lo expuesto, señorías: Cuéntennos los pros y contras de la segregación de Cataluña del resto de España, siéntanse en una Mesa de negociación, hablen y busquen acuerdos en aras al interés general de todos los españoles, que sean "justos", aunque para ello haya que cambiar el contenido de alguna ley.
¡Por España, púgiles al rincón!
