La regeneración de la ría de O Burgo, uno de los estuarios más contaminados de España, parece haber entrado en una vía de solución real tras años de abandono y continuos retrasos administrativos a la hora de poner en marcha el proyecto de dragado que extraiga las toneladas de lodos tóxicos que se acumulan en su fondo desde hace décadas.
La declaración de impacto ambiental publicada esta semana por el Gobierno, si bien con un año de demora, puesto que estaba prevista para julio de 2016, desatasca administrativamente un proceso que está atascado desde 2013. Su carencia, puesto que es un trámite previo obligatorio, había sido hasta ahora la excusa para abordar el proyecto de limpieza de la ría, que ha permanecido años en el limbo.
La creciente presión de los vecinos, mariscadores y los ayuntamientos afectados por el grave deterioro de la ría obligó al Gobierno en 2015 a mover ficha y elaborar un proyecto de limpieza con un coste estimado de 46,3 millones de euros que podría ser ejecutado en unos dos años. Pese a este coste previsto, el Gobierno solo ha reservado en los Presupuestos una partida de siete millones hasta 2020. Estas cantidades eran hasta ahora meramente virtuales, ya que faltaba la declaración de impacto ambiental que se acaba de aprobar.
La contaminación de la ría de O Burgo, el contaminado espacio costero que comparten cuatro de los ayuntamientos más poblados del área coruñesa, en la que habitan medio millón de personas, es el indeseable legado de décadas de un pasado industrial poco respetuoso con el medio ambiente, acumulado en medio millón de toneladas de lodos tóxicos depositados en el fondo del estuario coruñés. Su regeneración, una de las mayores asignaturas pendientes del área metropolitana, se ha visto postergada por la ausencia de una voluntad política que desbloquee las trabas a una iniciativa que exige el compromiso de varias administraciones.
La alarma por el calamitoso estado de la ría coruñesa se agudizó en la primavera de 2013, al conocerse el resultado de un estudio encargado por Puertos y Costas, que halló material contaminante en el 61% de la superficie del estuario. El informe recomendaba dragar y verter mar adentro 354.000 toneladas de residuos moderadamente nocivos y confinar los más peligrosos, otras 100.000 toneladas, en un depósito a construir en la ría. La contaminación más tóxica se deriva de la actividad de la extinta planta química de la Cros.
La presentación de este informe llegaba dos meses después de que una delegación de parlamentarios europeos sacara los colores a las autoridades españolas, gallegas y coruñesas al constatar in situ el desastroso estado del estuario de O Burgo. Y casi dos años después de que los dos partidos entonces mayoritarios en la Corporación, PSOE y PP, después de un vertido de 30.000 litros de queroseno a la ría, consensuaran a finales de 2011 una moción reclamando a Gobierno y Xunta, entonces de diferente color político, que no demorasen más la recuperación de O Burgo.
El entonces jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, estimó en la presentación del alarmante estudio que el dragado de la ría comenzaría a finales de 2014, una vez que Gobierno y Xunta acordasen cómo financiar las obras. A partir de ahí, sin embargo, la regeneración se empantanó durante años.
El lamentable estado del estuario coruñés, que ya figuraba con el ferrolano en los años ochenta como el más contaminado de Galicia, motivó a principios de la década de 2000 un primer plan de saneamiento que jamás se cumplió. Entonces no había crisis, pero la afluencia de dinero público sirvió para apuntalar el boom inmobiliario con paseos marítimos. Tras la llegada de la recesión económica, las dos principales administraciones implicadas en la regeneración del estuario, Gobierno y Xunta, se enzarzaron en una pugna sobre cuál tenía la responsabilidad de limpiar la ría.
El abandono de la ría de O Burgo es por otra parte una muestra palpable de la necesidad de poner en marcha una estructura de poder político supramunicipal que vaya más allá de una política minifundista en el área coruñesa y permita abordar con mayor presión y eficacia problemáticas comunes que afectan al medio millón de coruñeses que habitan en el área metropolitana.
No es de recibo que el estuario que sirve de nexo a los ayuntamientos coruñeses más poblados, sufra este vergonzoso abandono que lo mantiene como uno de los más contaminados de España. Una mácula que no solo sitúa al área coruñesa como punto negro en el mapa urbano español, sino que limita la enorme potencialidad de desarrollo económico de su ría en el sector primario y el turismo.
Desde que se hizo público en 2013 el alarmante estado del estuario coruñés, poco se ha hecho realmente por revertirlo, salvo huecas promesas que arrastran años de incumplimiento.
La declaración de impacto ambiental que ha visto la luz estos días viene por fin a cambiar esta sempiterna situación de bloqueo administrativo. Ya no hay excusas para no ponerse manos a la obra. Los concellos coruñeses afectados han recibido con esperanza esta declaración ministerial pero también con incertidumbre, puesto que los siete millones reservados en los Presupuestos del Estado hasta 2020 son obviamente insuficientes para abordar una obra con un coste estimado de 46 millones.
Ha llegado pues la hora del compromiso. Ahora toca al Gobierno fijar inversiones y plazos para salvar la ría de Burgo, una asignatura pendiente desde hace dos décadas que ya no admite excusas ni más demora.
