Si un presidente autonómico, finalizada la legislatura, se negase a cumplir con la obligación legal de disolver el parlamento y convocar elecciones sería advertido de que con el 155 sería sustituido por el presidente del gobierno del Estado en el cumplimiento de dicha obligación y ante la advertencia tendría sentido que el presidente autonómico se aviniese a convocar a cambio de no aplicar el 155. No es el caso y, por eso, la pretendida negociación del jueves entre Puigdemont y Rajoy era absurda. Y resultaron infantiles el suspense de sus comparecencias, su exigencia de garantías a Rajoy, las mediaciones de Iceta, Urkullu y otros, y por eso se estrellaron todos con la roca del Estado y la firmeza de Rajoy. No había nada que negociar y era infantil confiar en que con una simple convocatoria electoral podía Puigdemont frenar el 155, que no se puso en marcha para que hubiera elecciones, sino para frenar en seco a una comunidad autónoma que atenta gravemente contra el interés general de España. Porque eso es lo que ha sucedido, que un conjunto de actuaciones jurídica y políticamente descabelladas han acabado por cuajar un proceso de enorme gravedad para la integridad territorial del Estado, la convivencia ciudadana, el buen funcionamiento de las instituciones, la marcha de la economía y el crédito internacional de Cataluña, es decir, de España. Había que parar ese disparate y se ha hecho con gran contundencia. Las medidas ya publicadas en el BOE y ya efectivas son fuertes y necesarias. Sorprende el adelanto de la disolución parlamentaria y la convocatoria electoral porque en la propuesta del gobierno al Senado las elecciones eran el punto final a seis meses de intervención. Parece que ha sido una exigencia de Sánchez, Iceta y Rivera. Que sea para bien.
Y ahora a gobernar Cataluña con determinación y tino. La suspensión del parlamento ha sido un acierto porque mantener su actividad sin poder controlar a quienes gobiernan solo hubiera generado conflictos. De los Mosos no espero problemas una vez que su mando político ha pasado al Ministerio del Interior y su mando operativo natural ya no lo ostenta Trapero sino otra persona. Un cuerpo armado quiere certeza en las órdenes que reciba y no estar expuesto a una doble jerarquía que solo trasmitiría incertidumbre. Tampoco creo que los funcionarios y demás servidores de la administración autonómica ocasionen conflictos graves y los sindicatos de función pública tienen ahí una gran responsabilidad. Si se respetan, y no hay motivo para lo contrario, los sueldos, las categorías y las funciones que
a los servidores públicos
corresponden no debería haber problemas de envergadura. Quedan los alcaldes militantes que sí pueden crear dificultades y algún que otro sonoro encontronazo. Paciencia y barajar. La proclamación de la república el viernes, ¡qué ridícula resulta recordando la grandeza y el júbilo profundo de aquella del 14 de abril de 1931! da paso desde ayer a una tarea compleja y difícil que requiere mano izquierda y firmeza. Hay que desmantelar las estructuras de Estado levantadas, investigar y hacer públicos los excesos económicos que han generado en dinero, subvenciones, sueldos, gastos corrientes, y en especie, nombramientos, contratos etc. Montoro tiene mucho trabajo por delante y cabe imaginarlo sonriente y decidido a ello.
He escrito en varias columnas que Rajoy gestionaba con acierto lo de Cataluña y hoy, sin género de duda, toca reiterarlo. Y toca a los constitucionalistas de profesión agradecerle que haya dado contenido a un artículo de la Constitución aún en penumbra. Ya sabemos, y saben para el futuro los nacionalistas, la potencia que guarda el 155.
