El Gobierno ha dado un portazo a las pretensiones de Galicia, Asturias y Castilla y León, que urgen su conexión al Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías, una infraestructura absolutamente vital para el desarrollo económico al ser la llave de acceso a la red transeuropea que articula el tráfico comercial en el continente.

El anuncio de Fomento de que este estratégico enlace se retrasará como mínimo diez años, hasta 2027, echa por tierra las esperanzas que albergaban los empresarios gallegos tras la promesa realizada por el ministro Íñigo de la Serna el pasado mes de octubre, tras la demanda presentada por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, de que esta conexión se abordaría en 2018.

El responsable de Fomento aseguraba entonces que trabajaba en la inclusión de los itinerarios procedentes de Galicia y sus puertos en el Corredor Atlántico desde el mismo momento en que la Comisión Europea comience los trabajos para elaborar el nuevo reglamento. Y se comprometía a iniciar en 2018 las tareas que conducirían a la aprobación de un nuevo reglamento en 2020, con los nuevos itinerarios de los corredores europeos.

Promesa sin fundamento alguno, ya que apenas unas semanas después Fomento reconoce que el Corredor Ferroviario Atlántico, que arranca en la localidad portuguesa de Sines y llega hasta la frontera francesa en el País Vasco, deja fuera al noroeste español, como se temía.

En un ejercicio de cinismo, el anuncio ministerial del jarro de agua fría para las expectativas económicas gallegas se coló en medio de un comunicado oficial en el que el departamento de Íñigo de la Serna apuesta por que la prioridad para 2018 sea el ramal cantábrico de carreteras que conectará con el Corredor Atlántico.

La frustrante revelación se produce tras la reunión mantenida en Estrasburgo por De la Serna con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, Carlo Secchi, en la que el ministro español comunicó las prioridades de su departamento, que dejan fuera las aspiraciones de las tres comunidades autónomas del noroeste del país.

La cruda realidad es que las negociaciones para Galicia, Asturias y Castilla y León dispongan de una línea ferroviaria de mercancías modernizada para llevar contenedores a Francia y el resto de Europa no empezarán hasta dentro de seis años, en 2023, y hasta cuatro años después, en 2027, no se sabrá si Bruselas dará su visto bueno para financiar las obras. Eso, en el mejor de los casos.

Europa planifica sus infraestructuras cada seis años. Ahora estamos en el periodo 2014-2020, y el siguiente será el 2021-2027, pero se empieza a negociar en 2019, porque las discusiones llevan años al haber grandes partidas de financiación en juego y de muchos socios implicados en el reparto. El enlace del noroeste español al Corredor Atlántico queda ahora sin opciones en el próximo periodo comunitario. Deberá esperar, al menos al que se abre de 2027 a 2033.

El retraso en el enlace con la red ferroviaria de mercancías ha provocado una ola de indignación en Galicia, especialmente en el ámbito económico. Los empresarios de la comunidad alertan de la marginación que acarreará la desconexión del Corredor Atlántico y claman contra una exclusión que amenaza con frenar la competitividad de la economía gallega. Advierten de que la demora hasta 2027 de la conexión con la red ferroviaria europea de mercancía provocará en Galicia un retraso de veinte años e inducirá una regresión que profundizará aún más el aislamiento del Noroeste español.

La propia Xunta de Feijóo se vio obligada a reclamar nuevamente al Gobierno de Rajoy que asuma como prioridad la inclusión cuanto antes de Galicia en el Corredor Ferroviario Atlántico. El varapalo de Fomento no deja muy bien parada la imagen de peso político en Madrid del Ejecutivo gallego.

Ante este clamor, Fomento ha intentado quitar hierro al asunto con una excusa que acaba por volvérsele en contra. El departamento de De la Serna achacó el retraso a que fue la UE la que fijó ya en 2013 los plazos, que no preveían la conexión del Noroeste español hasta 2027. Pero al echar balones fuera, el Ministerio reconoce implícitamente que lo sabía desde 2013, por lo que su anuncio en octubre de que la conexión se intentaría ya a partir de 2018 queda como una maniobra indigna solo para salir del paso ante la presión de los empresarios y las cámaras de comercio de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Un informe de la Xunta hecho público hace unos días en Exporpymes, la feria de exportación organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña, afirma que Galicia cuenta con la segunda mejor balanza comercial de España. A Coruña es la sexta provincia española que más exporta y Pontevedra, la séptima.

Este empuje empresarial y comercial gallego se ve sin embargo oscurecido ahora con una década sin conexión con la arteria ferroviaria europea por la que fluyen las mercancías a Europa.

El Gobierno gallego no puede quedarse con los brazos cruzados ante esta clara amenaza a las expectativas económicas de la comunidad. Tiene el deber de liderar el clamor de empresarios y cámaras de comercio para exigir a Fomento que incluya a Galicia en sus prioridades para el enlace con el Corredor Atlántico. Y de obtener esta vez garantías serias de un compromiso y no meras promesas como las que ofreció De la Serna en octubre para salir del paso.