La propuesta del Ayuntamiento de A Coruña para poner en marcha un convenio de colaboración interinstitucional con el Gobierno y la Xunta, con la finalidad de estudiar una solución consensuada sobre el futuro de los terrenos que serán desafectados en los muelles portuarios por el traslado de actividades a la dársena exterior de Langosteira, ha topado con el veto del Ejecutivo autonómico.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, dio a entender esta semana que la hoja de ruta que la Xunta seguirá en lo tocante a la reforma de la fachada marítima interior, seguramente la decisión más trascendente sobre la transformación de la ciudad coruñesa en este siglo, será la de la vía del acuerdo unilateral entre el Gobierno gallego y Puertos del Estado, que deja fuera al Concello coruñés.
La conselleira, interpelada en el Parlamento gallego por el diputado del PSdeG Juan Díaz Villoslada sobre la conveniencia de ese consorcio interinstitucional que lidere los trabajos necesarios para una correcta desafectación y ordenación de los terrenos portuarios coruñeses, dejó meridianamente claro que el futuro de los muelles desafectados se decidiría solo a dos bandas, Puertos del Estado y Xunta, ambos del mismo color político.
En esta polémica marginación institucional de la ciudad de A Coruña en una cuestión de máximo interés para el futuro de la urbe, parece jugar un papel no precisamente menor la próxima agenda política, con elecciones municipales al fondo.
La vía a la que se refiere la conselleira Rosa Quintana fue abierta por el propio presidente Feijóo a finales de octubre, al cerrar por sorpresa un acuerdo relámpago sobre los muelles con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que dejaba en papel mojado la reunión que el dirigente portuario tenía concertada apenas unos días después con al alcalde coruñés en María Pita, por la que Ferreiro había esperado nueve meses.
Efectivamente, Llorca se limitó prácticamente en esa cita tantas veces aplazada por diversos impedimentos alegados por Puertos, entre ellos la huelga de estibadores, a anunciar lisa y llanamente que ya no tenía nada que negociar con las autoridades locales coruñesas y que su único interlocutor era ahora la Xunta.
Las explicaciones dadas por Feijóo y Llorca tras ese precipitado preacuerdo sobre el destino entre Xunta y Puertos no fueron entonces muy explícitas. Y no volvió a saberse más del asunto desde octubre. De ahí la pregunta parlamentaria del PSdeG. Pero tampoco la conselleira dio aclaraciones en su respuesta al diputado socialista Villoslada, ya que Rosa Quintana postergó para las próximas semanas una explicación más detallada del contenido del pacto.
Del pacto entre Feijóo y Llorca solo se sabe que renuncia a la venta de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, dando marcha atrás al convenio firmado en 2004 por el entonces alcalde Francisco Vázquez con Puertos, así como de La Solana a una promotora madrileña en condiciones que los agentes de la propiedad inmobiliaria calificaron de onerosas para el propio Puerto. El clamor ciudadano e institucional en A Coruña en estos últimos meses a favor de una solución para el puerto interior que no hipoteque los intereses públicos generales de la ciudad influyó sin duda en ese cambio de rumbo.
Se mantiene sin embargo la incertidumbre sobre la parte del león de la operación: los 377.000 metros cuadrados del muelle de San Diego, el 82% de la superficie que quedará desafectada en el puerto interior y la única en la que el planeamiento urbanístico permite construir pisos. Sobre su destino, que sendos mandamientos del pleno municipal coruñés y el Parlamento gallego reclaman que no se destine solo a operaciones inmobiliarias, el presidente de Puertos del Estado postergó la decisión hasta 2022.
Tanto en la propuesta de una solución consensuada propuesta por el Ayuntamiento coruñés como en los pronunciamientos del pleno municipal y el Parlamento gallego, se incluían además en estas negociaciones fórmulas de compromiso del Estado para aliviar la colosal deuda de 300 millones contraída por la Autoridad Portuaria Coruñesa. En primer lugar, que el Gobierno asuma el coste de la conexión ferroviaria de Langosteira como ha hecho con otras dársenas exteriores españolas, una infraestructura para la que el propio Puerto coruñés admite que carece de capacidad financiera y que resulta imprescindible para la viabilidad del puerto exterior coruñés.
El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, prometió en octubre buscar fórmulas para que la Autoridad Portuaria coruñesa se libere de esta carga, pero nada concreto se ha sabido al respecto desde entonces.
En este contexto, el Concello ha demandado estos días pasados un frente institucional y compromisos concretos para evitar la exclusión del puerto de A Coruña del Corredor Atlántico de la Red Ferroviaria Transeuropea de Mercancías, una herramienta estratégica para el desarrollo económico de la que Galicia, junto con Asturias y Castilla-León, se ha quedado descolgada al menos hasta 2027 por una cuestionada decisión del Gobierno.
El futuro destino del más de medio millón de metros cuadrados a desafectar en la fachada marítima interior de la ciudad no puede decidirse en un pacto unilateral entre Madrid y Santiago del que se pretende excluir a A Coruña. Un acuerdo rodeado además de secretismo e incertidumbre.
Los coruñeses tienen derecho a saber con absoluta transparencia los detalles del pacto cerrado entre Xunta y Gobierno que tantos interrogantes arrastra y a que se abra un debate interinstitucional sobre las consecuencias que las decisiones a adoptar tendrán sobre su calidad de vida. Un debate en el que, obviamente, no pueden faltar las autoridades electas de la ciudad.
