14 de enero de 2018
14.01.2018

Ni desde Bruselas ni desde la cárcel se representa al pueblo catalán

14.01.2018 | 01:22
Ni desde Bruselas ni desde la cárcel se representa al pueblo catalán

Que los diputados catalanes representan al pueblo catalán, como dice el reglamento parlamentario, significa que lo hacen presente en el parlamento. Es como si el pueblo catalán a través de sus diputados estuviera en el parlamento y aprobara las leyes que luego ha de cumplir. Sabemos que no es así, pero la representación política es una ficción imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa, porque no es imaginable un parlamento con millones de ciudadanos debatiendo y aprobando leyes. Ahora bien la representación política exige el cumplimiento de una condición inexcusable, que el representante, el diputado, se encuentre físicamente en el lugar en el que se lleva a cabo la representación, esto es, en el parlamento. Es imposible que un diputado catalán pretenda representar a su pueblo en el parlamento de Cataluña estando de modo permanente en Bruselas o en la cárcel porque así no podrá cumplir las muchas funciones que comporta el oficio de representante político. Un diputado vota, debate, presenta enmiendas, pacta, firma iniciativas, recibe a ciudadanos de su circunscripción, tiene el deber de asistencia a los plenos y a las comisiones de las que forma parte. Un diputado tiene ocupaciones de sobra y desempeñándolas es como cumple con su deber de representar al pueblo catalán. Votando de vez en cuando desde Bruselas o desde la cárcel simplemente se despacha un voto apretando un botón pero no se representa a un pueblo ni se respeta la dignidad de un parlamento. Con el consentimiento de la Mesa en la que tienen mayoría podrán los fugados y los encarcelados cobrar como diputados y votar cuando les convenga, pero no cumplirán como tales representantes del pueblo catalán y, eso sí, aumentarán aún más de lo que está el desprestigio de la política y las instituciones de Cataluña.

A mi juicio, ni siquiera deberían obtener la condición plena de diputados que, como es sabido, requiere tres exigencias. Las dos primeras, acreditarse como electo y acreditar que no está incurso en incompatibilidades, pueden realizarse por persona interpuesta, pero la tercera exigencia, la del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y el Estatuto entiendo que no es delegable por su significado personalísimo y que debe cumplimentarse con la presencia física del diputado electo. Que la Mesa amiga les consienta hacer promesas por intermediario no constituye sorpresa alguna como tampoco deberá sorprender que vuelvan a defraudar e incumplir las promesas. Todo muy serio.

Y el remate del adefesio es, como ya saben, la propuesta de investidura de Puigdemont como presidente de Cataluña. Semejante payasada no tiene apoyo legal ni reglamentario y es una transgresión del derecho y del sentido común que, eso sí, tiene el apoyo entusiasta de dos millones de catalanes encantados con sus lazos amarillos, con la marcha de empresas y con las decisiones judiciales que les brindan a diario una ocasión más para reunirse y celebrar lo estupendos que son. Si la propuesta de investidura en ausencia llega a realizarse, el gobierno la impugnará ante el TC que automáticamente la suspenderá por cinco meses si antes no hay pronunciamiento definitivo. Cinco meses más de gobierno de Rajoy en Cataluña que bien pudieran animarle a adoptar medidas en TV3. Algo bueno había de aportar la rústica cazurrería de Puigdemont.

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