25 de febrero de 2018
25.02.2018
Editorial

Urgen medidas para evitar la venta del pazo de Meirás

25.02.2018 | 03:26

Tras los primeros rumores surgidos de una iniciativa de tasación del precio del pazo de Meirás, que encendieron las alarmas y aceleraron las iniciativas institucionales para su recuperación pública, la familia Franco ha puesto a la venta por ocho millones esta semana en un portal inmobiliario el histórico inmueble que perteneció a Emilia Pardo Bazán y pasó a ser propiedad del dictador en 1938, mediante una cuestionada donación popular que numerosa documentación apunta a una entrega forzosa.

El reciente fallecimiento de la matriarca del clan, Carmen Franco, parece haber precipitado la intención de los nietos del dictador de desprenderse de un pazo que ha estado siempre rodeado de polémica y que las instituciones públicas aspiran a recuperar por los vicios en su adquisición. Donaciones forzosas, desvío de fondos públicos, recortes obligados en nómina de funcionarios son algunas de las irregularidades que jalonaron su entrega al militar y a las que apelan ahora Xunta, Diputación y Concello de Sada para exigir su devolución gratuita al patrimonio gallego.

Los Franco no han recogido el guante del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que instaba recientemente a los herederos del dictador a donar voluntariamente este Bien de Interés Cultural para reconciliarse con el pueblo español. El propio Francis Franco había avanzado hace unos días su intención de ponerlo a venta.

No es la primera vez que la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán es blanco de la especulación inmobiliaria. Varias operaciones rondaron el pazo antes de que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Desde el supuesto interés de Julio Iglesias por adquirir la residencia de veraneo del dictador, por la que habría llegado a ofertar 400 millones de pesetas, a la iniciativa del alcalde Joaquín López Menéndez en 1982, que planteaba su compra por el Ayuntamiento coruñés para cederlo a la Xunta como sede de la capital de Galicia entonces en pleno debate. La operación nunca llegó a materializarse. La compra debía aprobarse en pleno, muy dividido, y la iniciativa perdió fuelle a raíz de las movilizaciones ciudadanas en contra de lo que consideraban un dispendio.

Seis años después, en 1988, la Diputación, realizó otra intentona. Con Romay Beccaría al frente, la institución provincial negoció la adquisición del inmueble para "uso cultural". Los medios de la época recogen declaraciones del yerno de Franco, Cristóbal Martínez Bordiu, que no cerraba la puerta a la venta. El exalcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, confirmó a este diario su participación en aquellas negociaciones, que tampoco prosperaron.

La declaración del pazo como Bien de Interés Cultural por iniciativa del bipartito de la Xunta en 2008 supuso un freno a la especulación. Los Franco pleitearon hasta el final contra la declaración de BIC por las limitaciones de patrimonio, el derecho de tanteo de la Xunta ante una posible venta y la obligación de abrir al público cuatro días al mes. Todos sus recursos fueron rechazados por los tribunales.

El nuevo intento de los Franco de vender el pazo coincide con el momento de mayor presión para exigir su devolución. Los incumplimientos del régimen de visitas del BIC, la delegación de la gestión del pazo a la Fundación Franco para que exalte la figura del dictador y la documentación sobre el desvío de fondos públicos para su donación han insuflado fuerza a la demanda.

Diputación y Xunta han creado sendas comisiones de expertos para analizar vías legales para su recuperación y el Concello de Sada ha impuesto limitaciones a los cambios de uso para obstaculizar su venta. La ratificación por los Franco de su intención de vender el pazo ha acelerado estas gestiones, a instancia del municipio de Sada. La Xunta ha convocado una reunión urgente de su comisión y la Diputación ha citado la suya para el 1 de marzo.

El presidente de la comisión autonómica, Xosé Manuel Seixas, afirmó hace unos días que la anunciada venta del pazo es una estrategia de la familia Franco para que Galicia dedique fondos públicos a su compra, una vía a la que todos se oponen. De la misma opinión es el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que lo ve como una trampa. Ambos consideran que la venta del pazo resultaría difícil por las dificultades de vender una propiedad limitada por su condición de Bien de Interés Cultural.

Hay expertos en derecho que consideran, sin embargo, que la venta del pazo supondría en el futuro un importante escollo legal para incorporar este emblemático inmueble al patrimonio público, aún en el supuesto de que finalmente fuese anulada por viciada su adquisición en 1938 por Franco. Y se basan en el artículo 1307 del código civil, que establece que la obligación de devolver algo por declaración de nulidad está condicionada por la posibilidad de que no pueda devolverse porque se ha perdido. Lo que ocurriría en el caso de ser vendido el pazo a un tercero.

El Concello de Sada, el más afectado por la posible pérdida de un emblemático bien histórico, considera que, más allá de las pantomimas especulativas de los Franco, el anuncio de la venta del pazo cambia el escenario y obliga a tomar medidas que la impidan.

La Alcaldía de Sada insta a la Xunta a planear una acción de nulidad del título de adquisición del pazo de Meirás, una vía que ve factible al estar acreditada la simulación de la compraventa. Se basa para ello en la indefinición legal existente entre la aceptación de Franco en 1938 del pazo como un regalo y el registro notarial de la operación tres años después por los impulsores de la Junta Pro Pazo, encabezados por Barrié de la Maza, como una compraventa sin alusión alguna a la donación. Sada propone explorar esta anomalía como vía para la recuperación del inmueble.

Sobre el pazo, hay consenso político y de la opinión pública en dos aspectos: su entrega a los Franco en 1938 distó mucho de ser una voluntaria iniciativa popular, pero no deben emplearse más recursos públicos para su recuperación. Es decir, para comprarlo dos veces. La vía debe ser la recuperación legal.

Es cierto también que una posible venta podría complicar ese objetivo en el futuro. Urge en este momento la adopción de acciones legales por las instituciones para evitar una operación que podría impedir el deseado retorno del pazo de Meirás al patrimonio público gallego.

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