La huelga que mantienen los funcionarios de Justicia en Galicia abre la puerta para que cobren la pensión más de 3.500 fallecidos. ¡Pues bienvenida sea esa pensión!, podría pensarse, aunque peor será tener que devolverla, añado yo. Eso es lo que anunciaba este diario con la información que ofreció el pasado 23 de febrero sobre este plante sindical que, entre otros asuntos como la paralización de juicios -ya eran más de 7.000 los juicios aplazados-, también afecta a otros trámites jurídicos, como es el envío de las certificaciones de fallecimiento de gallegos habidos en el mes de febrero a los organismos de la Seguridad Social, calculando que tendrán que abonarse por ese concepto 2,8 millones de euros, gastos realizados en pagas indebidas, que cuando las aguas vuelvan a su cauce, serán reclamadas y habrá que devolver. Si para la Seguridad Social y para todo el aparato burocrático ya es una faena tener que emitir esos cobros sabiendo que habrá que reclamarlos -más papeleo e inseguridad en las recuperaciones-, peor faena es, pienso yo, para bastantes beneficiados tener que devolver esa pensión, que vete tú a saber a esas horas en qué se habrá gastado. Es como quitar a un crío el caramelo que ya chupaba.
