04 de marzo de 2018
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Balance de la aplicación del 155 y conveniencia de su ampliación temporal

04.03.2018 | 00:53
Balance de la aplicación del 155 y conveniencia de su ampliación temporal

El 26 de enero el gobierno impugnaba ante el TC la investidura de Puigdemont y el 27 el TC dictaba dos medidas cautelares, no cabe la investidura de un ausente y su presencia ha de autorizarla el magistrado Llarena. Pero el TC posponía su decisión sobre la admisión de la impugnación y acogiéndose a ello Torrent, el presidente del parlamento, suspendía la sesión de investidura impidiendo así el correr de los plazos reglamentarios, 10 días desde la constitución del parlamento para presentar candidato y dos meses desde la primera votación a cuyo final se disuelve la cámara. Este viernes, 2 de marzo ya, el fugado renuncia temporalmente a ser candidato y entra en escena la candidatura de Sánchez, encarcelado en Soto del Real. El segundo acto será copia del primero, impugnaciones, recursos, prohibiciones y Sánchez no será investido dando paso al tercer candidato y a los siguientes, un fugado o un encarcelado o algún diputado que será inhabilitado cuando el auto de procesamiento esté listo, remate que puede tardar hasta 18 meses porque el sumario ha sido declarado complejo por el magistrado. En este juego el ratón independentista, al que no le urge gobernar o no es capaz por fisuras en el bloque, seguirá en su empeño de culpabilizar al Estado en todas las instancias internacionales a su alcance y de mantener movilizados a los suyos en Cataluña con campañas varias. Y el gato, el gobierno, visto lo visto, ¿puede darse por contento con lo hecho, no lo sabemos, o debe hacer algo más? ¿En qué dirección?

En principio, la respuesta no puede ser otra que la de la aplicación de las medidas que en su día aprobó el Senado a propuesta del Consejo de Ministros. Contra lo que se ha escrito el gobierno no está en funciones que es una figura reglada y con atribuciones limitadas, sino que basta leer el acuerdo del Consejo de Ministros en el BOE del 28 de octubre, y ya ha llovido, para ver que es el Gobierno de España el que gobierna Cataluña conforme a su Estatuto y al ordenamiento jurídico catalán. En esa condición serían de todo punto razonables las actuaciones destinadas al cumplimiento de la normalización del castellano en la enseñanza, anunciadas pero en el limbo todavía, como lo sería la remoción de aquellos altos cargos del gobierno catalán de disciplina independentista. Se han publicado actuaciones sobre algunos organismos públicos y poco más. Va siendo exigible un balance de lo que se ha corregido a propósito de la deriva política en la que se ha instalado el poder público catalán en los años pasados. Un balance que no debe confundirse con el que corresponderá en su día hacer a los jueces.

No se trata de que el gobierno que preside Rajoy se dedique a desvelar comportamientos delictivos sino a desvelar y corregir actuaciones políticas públicas encaminadas a alimentar y promover el independentismo. El Gobierno debería empezar a comparecer en el Congreso y, con mayor motivo, en el Senado para dar cuenta de sus actuaciones si no quiere que la impresión que recibe la opinión pública sea, como poco, decepcionante.

Estaría bien, asimismo, empezar a plantearse si algunas de las medidas no aceptadas por el Senado en su día, las que afectan a los medios de comunicación públicos de Cataluña especialmente, deberían activarse. Y, en última instancia, apostar por ampliar la duración del 155 hasta que remate y se conozca el auto de procesamiento que identifique a los parlamentarios inhabilitados y, por tanto, de imposible investidura. Sería lo más efectivo para que Torrent renunciase a candidatos tocados y propusiese ya a un candidato limpio, dejando así de jugar con el Estado definitivamente.

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