La inversión del Gobierno en A Coruña se estanca

Galicia se convierte así en la segunda comunidad en la que menos aumenta la inversión que se puede regionalizar. Otras dos comunidades, sin embargo, han visto recortadas sus partidas presupuestarias.

Si la subida media a nivel nacional alcanza el 15%, los gallegos recibirán solo un 1,3% más que en 2017. Solo hay tres comunidades con peores cifras: Castilla y León, Navarra y La Rioja. De los 937 millones consignados para Galicia, la mitad están destinados a las obras del AVE. La Xunta se muestra satisfecha con estos presupuestos, que la oposición considera nefastos para Galicia.

Las cuentas deberán ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta aún con la mayoría suficiente y precisaría los votos del PNV, una circunstancia que explica que la comunidad vasca sea una de las más favorecidas, con un aumento de la inversión de más del 30%, es decir, un alza 22 veces superior a la destinada a Galicia. Una vez más, los presupuestos estatales se elaboran más en clave política que económica.

En cualquier caso, de ser aprobados, teniendo en cuenta que los presupuestos se presentan con medio año de retraso, las partidas registradas difícilmente supondrán una inversión real en este ejercicio, por evidente falta de tiempo para su aplicación efectiva.

Los presupuestos se esperaban con expectación en A Coruña, donde la inversión del Estado ha registrado una notable disminución en los últimos tres años. Cayó casi a la mitad en este periodo en la provincia y se desplomó en el concello coruñés el año pasado, al pasar de 81 a 30 millones. El foco estaba puesto sobre todo en un esperado impulso a la construcción de la conexión ferroviaria del puerto exterior, especialmente tras las declaraciones de Rajoy justamente el día anterior a que se dieran a conocer las partidas del presupuesto, en las que anunciaba que Adif y Puertos del Estado habían llegado a un acuerdo para cofinanciar su coste, estimado en 138 millones. Pero en las cuentas no aparece el compromiso anunciado.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 27 de febrero el estudio informativo de la línea ferroviaria que unirá punta Langosteira con la red nacional, que tendrá una longitud de 6,55 kilómetros, 4,52 de los cuales discurrirán a través de túneles, y el coste previsto será de 138 millones sumando las expropiaciones y otros gastos. En junio de 2017 ya se había aprobado el estudio de impacto ambiental de la actuación, pero todavía falta por concluirse el proyecto de ejecución de la línea, que debió hacerse público en septiembre para a continuación proceder a la licitación de las obras.

La intervención de Rajoy el día anterior a la presentación de los Presupuestos, en la que afirmó que esta actuación, imprescindible para el futuro del puerto exterior coruñés, será financiada por Puertos del Estado y Adif, implicaba aparentemente que habría partidas para su ejecución en el proyecto, aunque el documento no las contiene y se desconoce si finalmente serán incorporadas. El largo proceso de licitación de una obra de esta dimensión hace sospechar además que no podría iniciarse antes de que acabe este año.

Los presupuestos incluyen fondos para algunas de las principales actuaciones pendientes en A Coruña, pero este hecho no implica que vayan a ejecutarse de forma automática una vez que se apruebe el documento, ya que no han completado todos los trámites necesarios. Esto hace que se desconozca todavía la fecha en la que podrán ponerse en marcha. La mejora de la línea férrea entre A Coruña y Ferrol, que fue la principal novedad de las cuentas de 2017 con una modesta partida que contemplaba el grueso de la inversión a partir de 2018, era otra de las grandes infraestructuras para la que se esperaba un importante espaldarazo este año. Pero también sigue sin arrancar. Repite una mínima partida de medio millón para continuar la fase de estudio. Al igual que la eternamente pendiente regeneración de la ría de O Burgo, incluida con otra cantidad meramente simbólica.

La modernización del eje ferroviario entre A Coruña y Ferrol, que se ha mantenido tal cual casi desde su inauguración a principios del pasado siglo, centró en los últimos meses numerosas reclamaciones ciudadanas, políticas e institucionales. Pero la realidad es que no acaba de salir del ámbito de estudio. En una comparecencia en el Congreso en diciembre pasado, el secretario general de Infraestructuras del Estado, Manuel Niño, dejó sin fecha la actuación, centrándose casi en exclusiva en el by pass de Betanzos, para el que existe un estudio de viabilidad que obliga a elegir entre tres propuestas, una decisión que tampoco se ha tomado todavía.

Las cuentas mantienen tres millones para el Vial 18, la conexión de la AP-9 con la tercera ronda, pero es una partida de difícil ejecución, ya que Medio Ambiente obligó a reiniciar el proceso de tramitación tras detectar irregularidades. El Gobierno consigna para la ampliación de Alfonso Molina 2,5 millones que deberían haberse invertido en 2017 y 3 para este año y los dos siguientes, además de uno para 2021. Eso suma 12,5 millones cuando el coste total de las obras es de 19,1 millones, lo que mantiene las dudas sobre cuándo concluirán los trabajos. Y una partida de apenas 295.000 euros para la obra del puente de A Pasaxe, cuyo coste estimado es de 26,5 millones.

En líneas generales, los presupuestos mantienen en A Coruña una línea de estancamiento, sin nuevos proyectos de calado que tiren de la inversión. No se perciben tampoco significativos avances en los planes que están en la parrilla de salida y se consignan numerosas partidas ya repetidas en otros ejercicios. La relegación de A Coruña en la inversión del Estado es también una mala noticia para una Galicia en números rojos, al incidir negativamente en el área que aglutina la pujanza económica de la comunidad y de la que se espera un efecto locomotor en un horizonte de imprescindible desarrollo.