El 3 y el 24 de abril la Mesa del parlamento catalán autorizó las delegaciones de voto de Puigdemont y Comín que, así, podrán votar la investidura de Torra. C´s y PP recurrieron en amparo ante el TC las autorizaciones pero como los recursos de amparo no suspenden la medida recurrida, la delegación de voto en este caso, los dos fugados podrán votar mientras no haya sentencia en contra, si es que la hay. El Gobierno no puede presentar recursos de amparo pero, en cambio, sí puede impugnar el acuerdo de la Mesa lo que automáticamente hubiera suspendido la delegación, al menos, durante cinco meses, impidiendo así el voto de los dos fugados. Pero la impugnación no se ha producido y Rivera se ha revuelto contra Rajoy acusándole de debilidad en Cataluña. Es dudoso, sin embargo, que esos votos resulten decisivos. Veamos, Junts per Cat y ERC suman 66 y con 4 de CUP 70 sobre el total de 135; los contrarios, C´s, PSC, Podem y PP suman 65, de modo que aún restándole 2 Torra tendría la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta, 68. Sin el voto de CUP en primera vuelta no hay investidura. En la segunda, mayoría simple, si CUP se abstiene y los fugados votan hay investidura, 66 contra 65, pero si no votan, 64 contra 65, no la hay. La CUP tiene en sus votos la investidura de Torra y levantar el 155 o la disolución de la cámara y elecciones. La CUP sigue siendo decisiva, pero no es menos cierto que el Gobierno podría haber impedido el voto de los fugados y al menos haber dificultado la investidura de Torra enviando así una señal de apoyo a los cientos de miles de catalanes que resisten frente al independentismo. ¿Por qué no ha impugnado la autorización de la Mesa?

El reglamento del parlamento catalán contempla la delegación de voto en caso de baja por maternidad, paternidad, enfermedad grave o incapacidad prolongada, pero es doctrina del TC que los parlamentarios "sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios". C´s entiende que esa es justamente la situación de quienes están fugados pero no incapacitados para regresar a España, mientras que el Gobierno, por indicación de sus servicios jurídicos, entiende que su situación, no siendo exactamente de incapacidad prolongada como la de Junqueras que está en prisión y sí puede delegar el voto, tampoco es de entera y libre autodeterminación o libertad física sino que se encuentran sujetos a la jurisdicción de tribunales en Alemania y Bélgica en una situación que podría equipararse a la de incapacidad prolongada para regresar. La cuestión es opinable y el TC resolverá cuando decida sobre los amparos pero, claro, para entonces ya habrán votado que es lo que se habría impedido con la impugnación por el Gobierno, aún a riesgo de recibir en su día una sentencia en contra.

Rivera está forzando la máquina y no parece que le vaya mal porque aumentan, dentro y fuera de Cataluña, los irritados con el discurso y la arrogancia de los independentistas. La guinda ha sido la designación de un extremista como Torra. Rajoy mantiene un 155 lejos de la mayor dureza y con ganas de levantarlo, también por las presiones del PNV. Quiere recuperar la normalidad y ofrece diálogo al futuro gobierno de Cataluña pero nada de eso parece estar en la agenda de Puigdemont y su sucesor que insiste en el proceso constituyente. Es cierto que el 155 puede repetirse si vuelve a ser necesario, pero la paciencia de los votantes de Rajoy tiene un límite y Rivera lo sabe.