La concesión del servicio de autobús urbano de la ciudad de A Coruña se encuentra en una encrucijada. El Ayuntamiento dio por extinguido el contrato con Tranvías en 2016, con el objetivo de adaptarlo a la normativa comunitaria, a la que a también alude para lograr una rebaja del precio del billete y cambios en las condiciones del servicio.

El Gobierno local pretende aplicar una serie de mejoras en las tarifas para paliar la sobrecompensación de beneficios que estaría teniendo la adjudicataria del servicio, Tranvías. Uno de los escenarios planteados para este ajuste pasaría por la gratuidad de todos los transbordos y los viajes para menores de 13 años, además de rebajar el precio del billete general a 1,10 euros.

La concesionaria, Tranvías, que llevó la extinción del contrato a los tribunales, se opone a estas modificaciones en tanto no finalice la concesión, que, según su versión, está vigente hasta 2024. La compañía obtuvo la concesión en 1986, mediante una adjudicación directa y sin concurso decidida por un Gobierno presidido por Francisco Vázquez. La duración del contrato se fijó en 38 años, es decir, hasta 2024.

El Concello anunció sin embargo en noviembre de 2016 que daba ya por extinguido el contrato, aunque aprobó en Junta de Gobierno prorrogar el servicio dos años más, hasta noviembre de 2018, para darse tiempo a tomar una decisión sobre su futuro y, si procediese, a convocar un concurso.

El Ejecutivo coruñés justifica el adelanto de la extinción del contrato en que la concesión nunca se adaptó a la normativa europea de 2009, que dicta que las concesiones otorgadas sin concurso no pueden prolongarse más allá de tres décadas.

Tranvías, por su parte, alega que esos treinta años tendrían que contarse a partir de 1996, año en el que se modificó el contrato para que la empresa gestionase también el tranvía turístico. El contencioso está pendiente de una resolución judicial.

Ante la judicialización del conflicto, el Concello solicitó en enero de este año para despejar dudas un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), cuyas conclusiones se conocieron esta semana pasada. Competencia cuestiona en su estudio el cálculo de beneficios que aplica Tranvías e insta al Ayuntamiento de A Coruña a revisar la concesión del servicio de autobús urbano. Concuerda con el Concello en que el convenio de Tranvías no está adaptado a la normativa europea y que debe revisarse.

El organismo nacional dictamina que hay un exceso de beneficio para la concesionaria, amparado en un contrato que cubre sus pérdidas y solo calcula sus tarifas al alza, produciendo una sobrecompensación. Considera que la adaptación a la normativa europea no puede realizarse solo a través del ajuste de los ingresos de Tranvías, sino que se deben revisar los parámetros sobre los que se calculan.

La CNMC destaca que el convenio de Tranvías cubre todos sus gastos y costes, incluyendo el beneficio industrial, pero asegura la ausencia de pérdidas. El informe subraya que incluye posibles compensaciones en favor del concesionario cuando una modificación le cause perjuicios sin prever medida alguna para el supuesto en el que el establecimiento de nuevos servicios le pueda resultar favorable, en cuyo caso incrementará sus beneficios sin contrapartida en favor del erario público.

La Comisión Nacional de la Competencia observa que se han producido compensaciones adicionales a la concesionaria para la reducción del precio de las tarifas del autobús a pagar por estudiantes y pone el foco en que la revisión anual de las tarifas se realiza siempre al alza sin que se prevea que pueda ser a la baja.

Pero Competencia va más allá en su informe e insta también a remitirse a la Comisión Europea por si se ha estado cometiendo una ilegalidad en la compensación a Tranvías y advierte de que la compañía podría verse obligada a devolver ayudas públicas que no le correspondían.

En lo referente a la duración de la concesión, la CNMC indica que el contrato adjudicado en 1986 a Tranvías se elaboró conforme al reglamento de 1969, ya obsoleto. Desde entonces, señala en su informe, el marco legal al que debería atenerse ha cambiado ya en dos ocasiones, en 1992 y 2009, sin que la concesión del bus urbano coruñés haya sido adaptada a la legalidad vigente.

El Gobierno local interpreta que las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia viene a respaldar sus intenciones de imponer unas nuevas condiciones a la concesionaria. El Ayuntamiento coruñés pretende conseguir una rebaja del precio del billete del autobús para compensar el exceso de beneficio de Tranvías, constatado en el estudio de la CNMC.

El Concello calcula que, en virtud de los parámetros del contrato adjudicado en 1986, Tranvías ganó en 2016 entre 3,7 y 4,8 millones más de lo que debería, es decir, de un beneficio razonable. El Gobierno local pretende reducir esta sobrecompensación con una rebaja en las tarifas del billete de autobús o en una mejora en las condiciones de la prestación del servicio.

Tranvías, por su parte, resta importancia a las conclusiones del informe de Competencia y se encomienda al fallo del recurso presentado por la compañía en los tribunales. Puntualiza que hay numerosos casos en los que las sentencias judiciales han invalidado resoluciones del órgano fiscalizador y afirma que está trabajando en el estudio de las argumentaciones y la exposición jurídica sobre el contrato.

Al margen de las diferencias entre Concello y Tranvías sobre la extinción del contrato del servicio de autobús, no se puede obviar que el informe de Competencia pone sobre el tapete cuestiones a tener en cuenta.

La más urgente es la necesidad de adecuar la concesión del transporte urbano coruñés a la legalidad europea vigente. Del estudio de la CNMC se desprende también que existe un margen suficiente para ofrecer un mejor servicio de autobús a los usuarios.

Estas deben ser las líneas maestras de la renegociación del contrato de un servicio que tiene enorme incidencia en la calidad de vida de los coruñeses.