El nuevo Gobierno que acaba de tomar posesión es recibido en A Coruña por todos los grupos municipales, salvo el PP, como una oportunidad para reconducir las relaciones, especialmente deterioradas con el Ministerio de Fomento desde que Ana Pastor fuera relevada en el Ejecutivo de Rajoy por Íñigo de la Serna.
Xunta y Ministerio sellaron hace dos meses un pacto sobre el futuro de la fachada marítima de A Coruña sin contar con el Concello. Pese a estar en juego la mayor operación de transformación del suelo de la ciudad, que abarca casi medio millón de metros cuadrados, el acuerdo se gestó de espaldas al Gobierno local.
La opacidad sobre el contenido del convenio llegó a tal punto que los términos del convenio suscrito entre Núñez Feijóo e Íñigo de la Serna no fueron conocidos por el Gobierno local hasta dos días después de su presentación. Ese acuerdo blinda la construcción de 4.000 pisos en San Diego y recoge expresamente la venta de esos terrenos como un activo inmobiliario indispensable para obtener fondos para costear Langosteira. Todo este proceso ha sido una muestra de deslealtad institucional difícil de explicar si Xunta y Ejecutivo central no estuvieran dirigidos por las mismas siglas políticas. El cambio de Gobierno debería conllevar una renegociación del convenio que permitiera a los coruñeses decidir el futuro de su fachada marítima.
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que gobernará con los presupuestos que el PP pactó con el PNV y en esos presupuestos está el problema. Buena parte de las promesas para A Coruña del anterior Ejecutivo no han quedado reflejadas en el proyecto de las cuentas del Estado. Es el caso de la financiación de la conexión ferroviaria con el puerto exterior que Rajoy anunció el pasado 2 de abril y prometió que sería financiada por Puertos del Estado y por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Lo cierto es que en el presupuesto presentado por el Ejecutivo no figura ninguna partida para esta actuación cuyo coste se estima en 140 millones de euros.
En el apartado de las eternas promesas hay que incluir la regeneración de la ría de O Burgo para la que se consigna un millón de euros año tras año sin llegar a ejecutar la partida, pese a que el proyecto requiere una inversión que supera los 40 millones. Es de esperar una mayor sensibilidad por parte de la nueva ministra, Teresa Ribera, responsable de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y un programa concreto de actuaciones.
Diez alcaldes del área metropolitana habían demandado una cita conjunta con Íñigo de la Serna para hablar de infraestructuras que nunca llegó a atender. Entre los temas pendientes, que ahora tendrán que plantear al nuevo Gobierno, figura la reforma de Alfonso Molina con tres millones reservados en el presupuesto, pese a que su coste es de 19,1; el futuro del Vial 18, cuyos trámites ambientales se anularon y hay que reiniciar; la ampliación de A Pasaxe, con el proyecto en redacción; o la supresión o rebaja de los peajes en la comarca. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también tendrá sobre la mesa el tren entre A Coruña y Ferrol, con una consignación de medio millón de euros, igual que en 2017, que lo mantienen en el eterno círculo del estudio.
La recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás es otra de las demandas claves del área metropolitana y la Diputación.
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que basar su gestión obligatoriamente en el consenso para lograr los apoyos parlamentarios suficientes y no lo tendrá fácil. Sin embargo, el equipo presentado esta semana, a priori, parece solvente. A Coruña demanda del nuevo Ejecutivo lealtad institucional, cambio de talante y soluciones concretas a sus demandas.
