Ocho meses después de su creación, la comisión de expertos creada por la Xunta para analizar las alternativas de recuperación del pazo de Meirás para el patrimonio público se ha decantado estos días pasados por una posible estrategia. El comité, que preside el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas y del que forman parte responsables del Gobierno gallego, juristas, universidades, Diputación de A Coruña y Concello de Sada, es partidario de que el Estado ejerza una acción civil para declarar la nulidad del título de propiedad del pazo de 1941 al estar probado que se trató de una simulación de una compraventa dado que el inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938 en calidad de Jefe de Estado.
El órgano de asesoramiento de la Xunta propone que la Administración General del Estado plantee una acción reivindicatoria frente a los herederos de Franco y reclame por la vía civil la declaración del pazo de Meirás como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado. El comité ve factible la recuperación por la vía de usucapión, es decir, por su uso oficial reiterado entre 1938 y 1975. Argumentan que una vez adquirida la condición de bien público, este deviene en inalienable e imprescriptible. Es decir, que los Franco no podrían alegar que son propietarios por su ocupación durante más de treinta años sin oposición dado que el pazo no perdería la condición de bien público.
Para los expertos de la Xunta, está sobradamente probado el uso del pazo como residencia estival de la Jefatura del Estado entre 1941 y 1975. Está más que acreditado que durante toda la dictadura las administraciones actuaron en el pazo de Meirás como si se tratase de una propiedad pública, asumiendo todo tipo de obras de reforma y de mantenimiento.
Fue la Casa Civil del Jefe del Estado, a través de los servicios de intendencia, quien se hizo cargo también de todos los gastos de las estancias de Franco y de su familia en Meirás, desde la compra de alimentos al combustible de la calefacción. El dictamen de los asesores de la Xunta parte, sin embargo, en alguna de sus conclusiones de la polémica hipótesis de considerar la posesión del pazo de Meirás por parte de los herederos de Franco como de buena fe. Los juristas basan esta calificación en el hecho de que no consta que el Estado hubiese realizado en todos estos años ningún requerimiento para reclamar la propiedad. Y este es el punto en discordia.
Aparte de la comisión de la Xunta, hay una Plataforma Pro Devolución del pazo constituida por la Diputación, treinta concellos coruñeses y diversos colectivos, que plantea una vía diferente, basada en un informe realizado por el Gobierno provincial. Proponen que se declare la nulidad del título de propiedad del pazo de 1941 al estar probado que se trató de una simulación fraudulenta de una compraventa.
La Diputación y el Concello de Sada figuran también en el comité de expertos de la Xunta y no se oponen frontalmente a la vía que acaban de plantear, si bien el municipio sadense ejerció un voto particular al dictamen. Sada apoya el informe de la comisión de la Xunta, pero disiente de la declaración de los Franco como herederos de buena fe, al considerar que esto abriría la puerta a una indemnización.
El presidente Feijóo ahondó en esta polémica el pasado viernes al considerar como una cuestión menor que la recuperación del pazo suponga una indemnización a los Franco. Su declaración contrasta con la postura inicial del Gobierno gallego que, tras años de vetar cualquier propuesta para recuperar Meirás, se avino a analizar posibles alternativas, siempre y cuando no supusiese un desembolso de dinero público.
La recuperación del histórico pazo de Emilia Pardo Bazán para el patrimonio público gallego, poniendo así fin a una forzosa donación que todos los expertos califican de fraudulenta, se ha convertido en estos últimos meses en un auténtico clamor. Un proceso en el que la Xunta ha ido siempre a remolque.
Parece un momento propicio para plantearla, ya que el nuevo Gobierno es más sensible a esta cuestión que el de Rajoy. Ambas vías, la de la Xunta y la de la plataforma Pro Devolución no semejan ser antagónicas, pero la línea roja debe fijarse en una recuperación que no suponga tener que pagar de nuevo por el pazo. Eso sería un escarnio a los coruñeses.
