La expresión pasar a limpio no es frecuente en el lenguaje juvenil, significaba algo así como presentar los deberes, una redacción, un dictado, una lámina de dibujo y otras tareas escolares similares sin tachaduras, borrones de tinta, faltas de ortografía sin corregir y demás delitos académicos. Aceptabas la norma o ya sabías lo que te podría ocurrir, tanto en la escuela como en casa. Esa vieja costumbre sigue vigente en algunos casos; pero ya no es imprescindible, afortunadamente, porque las labores repetitivas sin objetivo claro ya son inútiles, la escuela comprensiva y cooperativa, a fin de cuentas la vieja mayéutica, se abre paso de nuevo en las aulas.
El nuevo gobierno tendría como deber primordial derogar la Ley Wert; pero el horno no está para bollos; hay mucha derecha, también la nacionalista que sigue oponiéndose al inalcanzable pacto educativo y mucha supuesta izquierda que no se apea del programa electoral. Asimismo la postura de la jerarquía eclesiástica sigue siendo cerril, poco o nada ajustada al siglo.
El papelón de la ministra Celaá es complicado, no es posible derogar lo que hay y sustituirlo por algo inexistente, tampoco ella puede hacer borrón y cuenta nueva con la Lomce; le faltan muchos votos para darle la vuelta al calcetín y le falta tiempo para proponer un amplio acuerdo. Es evidente que no puede más que corregir las faltas de ortografía, los tachones, los borrones y pasarla a limpio , es decir derogar lo más escandaloso e ir echando disolvente y suavizante en la comunidad educativa para que las reformas que son urgentes se lleven a cabo sin mayor crispación. Algo ha anunciado la pasada semana y los cuchillos afilados de la curia ya la han obligado a calzarse la armadura frente a la caverna.
La verdad es que ha sido bastante moderada, seguirán las religiones en las escuelas sin asignatura espejo, aunque no se valore su nota en el futuro académico del alumnado, más prudencia no se puede pedir. Ha anunciado la restauración de la educación cívica, de los derechos humanos, en las aulas ¿quién se puede oponer?
También ha dejado claras las diferencias entre la red pública y la concertada, sin eufemismos; el estado, por lo tanto las comunidades autónomas, son responsables de proporcionar la oferta educativa equitativa y de calidad. Las redes privadas y concertadas tienen su rol subsidiario en el artículo 27 de la Constitución.
Hay un primer gran problema, casi endémico, la mayor parte del menudeo de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. La prudente ministra no ha metido el dedo en la llaga; pero habrá de hacerlo, la Alta Inspección Educativa del Estado en cada una de las comunidades ha sido siempre una figura decorativa para firmar papeleos y convalidaciones. A ver si se puede cambiar algo. Falta mucho detalle en el comentario, en el próximo folio hablaremos más.
