El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado la última iniciativa del Concello para tratar de evitar la demolición total del edificio Fenosa. Desestima el incidente de nulidad de actuaciones presentado por el Gobierno local porque considera que el Ejecutivo municipal simplemente trataba de eludir cumplir la ejecución de la sentencia del Supremo de 2016. Este fallo descartaba la posibilidad de legalizar el edificio y obligaba a devolver el inmueble al estado previo a las obras ilegales de 1997 aprobadas durante el Gobierno de Francisco Vázquez.
El auto del Tribunal Superior contiene un voto particular de uno de los cuatro magistrados que comparte con sus compañeros que con el incidente de nulidad de actuaciones no se puede rectificar la sentencia del Supremo que ordena el derribo total de inmueble pero, en contra de la consideración del resto del Tribunal, estima que debe ser analizada la propuesta municipal de demolición parcial.
Este voto particular servirá al Concello, según explicó el alcalde el pasado martes, para fundamentar su recurso ante el Constitucional, con el que intentará impedir que se consume la sentencia del Supremo. El Gobierno local estima que el tribunal debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, la inejecución de la sentencia por imposibilidad legal.
El contencioso por el edificio de la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías se inició hace dos décadas y se ha ido heredando por los distintos gobiernos municipales. El inmueble se construyó en 1976 para albergar solo las oficinas de la compañía eléctrica pero se fue vaciando poco a poco tras la fusión de Fenosa y Unión Eléctrica a medida que el centro de poder de la firma se trasladaba a Madrid.
Fenosa planteó a principios de 1997 un concurso por invitación para el edificio que consistía en hacer una permuta con una constructora que presentaría un proyecto para su rehabilitación y adaptación para pisos y locales. La empresa finalmente no llevo a cabo la permuta y vendió directamente a Fadesa el edificio por 2.250 millones de pesetas -13,5 millones de euros- y en noviembre de 1997 el Concello concedió la licencia para la rehabilitación.
El arquitecto Valentín Souto, que firmaba una de las propuestas iniciales, presentó entonces un recurso contra la licencia de obras. Le sorprendió la falta de tramitación de estudio de detalle para el desarrollo de la promoción inmobiliaria y comprobó que las dificultades urbanísticas que él había apreciado se habían resuelto por la vía de obviarlas. Planteó un recurso contra la licencia antes de que se iniciasen las obras y cuando todavía no se había vendido ninguna vivienda. La primera sentencia firme de derribo llegó en 2001 por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Desde entonces todos los gobiernos locales han intentado evitar una demolición que acarrearía graves consecuencias económicas para las arcas municipales.
El actual Ejecutivo planteó hace tres años una ejecución parcial de la sentencia. Pretendía conciliar los intereses de propietarios y Concello así como cumplir la legalidad. El proyecto municipal propone actuar en 47 de los 89 pisos con un coste de 2,1 millones de euros. En los superiores aboga por demoler los torreones y en otros retirar aleros y cornisas. En otras viviendas plantea cambiar los ventanales de la fachada por galerías y en un último grupo hacer pequeñas modificaciones para que cumplan las exigencias del Código Técnico de Edificación.
La decisión del Gobierno local de recurrir ante el Constitucional para que el Tribunal Superior se pronuncie acerca de esta posibilidad de demolición parcial es el último intento de evitar la demolición total cuyo coste carece aún de una estimación oficial pero que superaría en cualquier caso los 40 millones de euros y supondría un golpe sin precedentes a las cuentas municipales. El caso del edifico Fenosa es un claro paradigma de la cuestionada política urbanística de los gobiernos de Francisco Vázquez. Se aprueban iniciativas municipales ilegales que favorecen intereses particulares y años después la factura recae sobre los contribuyentes. Es decir, un escandaloso trapicheo entre amiguetes.
Lo que queda a partir de ahora será saber, probablemente también con jueces de por medio, el coste exacto para el Concello y quién pagará lo que puede convertirse en el mayor revés de la historia del urbanismo coruñés tras el caso Someso, perpetrado también bajo el mandato de Vázquez, que amenaza con hipotecar el futuro inmediato de la ciudad. El Concello debe poner en marcha mecanismos para fijar responsabilidades de modo que los coruñeses no paguemos por las decisiones adoptadas por un determinado gobierno para favorecer a una determinada empresa.
