Las cuentas de la concesionaria de la fábrica de armas de A Coruña, Hércules de Armamento, reflejan una situación económica prácticamente insostenible. En 2017, las deudas con proveedores y trabajadores crecieron un 28%, hasta los 6,5 millones de euros, y las pérdidas, aunque cayeron respecto al ejercicio anterior un 26%, fueron de 870.000 euros.

La falta de producción armamentística, la pérdida progresiva de personal y la acumulación de impagos abocan a la suspensión de la concesión de Defensa a Hércules de Armamento, una medida solicitada reiteradamente por los antiguos trabajadores de la factoría y cuyos trámites inició el Ministerio la semana pasada.

Las pérdidas de Hércules de Armamento han ido a más desde el inicio de su gestión, en 2014. El endeudamiento, contraído entre otros con trabajadores que han denunciado a la empresa, con la Agencia Tributaria y por el impago del canon anual por el uso de las instalaciones, ha aumentado un 28% y pasó en 2017 de casi 5,1 a 6,5 millones de euros. De esta cantidad, 5,1 millones corresponden a pagos pendientes con acreedores comerciales y la cifra restante son deudas a corto plazo.

Las dificultades de Hércules para desarrollar un proyecto industrial fiable, agravadas por la restricción de su producción al ámbito civil al llegar a carecer en dos ocasiones de personal de seguridad, han derivado en que los juzgados de lo Social de A Coruña declarasen a la empresa en octubre del año pasado en situación de insolvencia total.

Hércules de Armamento, que mantiene los 610.000 euros de capital social con los que inició la gestión de la fábrica hace cuatro años, refleja en sus cuentas que su plantilla está compuesta por 48 trabajadores. Una cifra cuestionada sin embargo por los antiguos empleados de General Dynamics, la anterior gestora de la planta, quienes denuncian que los impagos acumulados han reducido progresivamente el personal hasta dejarlo en la actualidad en apenas una docena de trabajadores. Muy lejos de los 155 que la empresa se comprometió a contratar al hacerse con la concesión mediante concurso público.

Las continuas denuncias de impagos e incumplimientos de la concesión que los extrabajadores vinculados al antiguo comité de empresa de la fábrica de armas vienen reiterando desde que Hércules ganó el concurso en 2014 parecen haber encontrado ahora respuesta con el cambio de Gobierno. Tras años en los que el Ejecutivo estatal y gallego se desentendieron de las irregularidades denunciadas por los anteriores empleados de la fábrica de armas, el Gobierno socialista acaba de iniciar los trámites para anular la concesión de Hércules de Armamento. El proceso puede durar unos dos meses y en él Defensa, alertada sobre todo por los impagos del canon, analizará jurídicamente qué solución tomar cuando se resuelva la concesión.

Sobre la mesa habría en principio dos fórmulas: la convocatoria de un nuevo concurso o la adjudicación directa por parte del Estado, como ocurrió con otras plantas del sector en el país. Siempre que exista un proyecto industrial de garantías. Algo que no ocurría con Hércules de Armamento, cuya solidez fue cuestionada desde el primer momento por los empleados de la fábrica de armas, que apostaban por la candidatura del grupo IFFE, que sin embargo perdió ante Hércules en el concurso de Defensa.

En el proceso de adjudicación, la plantilla exigía al Gobierno, que privatizó la fábrica de armas en 2001, que garantizase la viabilidad del proyecto elegido, evitando la tentación de abordar el concurso como un mero trámite para salir del paso. Lejos de zanjarse con la adjudicación, la polémica continuó con crecientes zonas de sombra en la gestión de la vuelta a la actividad en la fábrica de armas. Hasta llegar ahora a una situación terminal.

El Gobierno central, que contrajo una deuda moral con A Coruña, única de las cinco ciudades españolas que perdió su fábrica de armas, tiene el deber de comprometerse en una solución que evite la desaparición de su histórica factoría.