El gobierno de Pedro Sánchez se puso del lado de las mujeres desde el principio. Comenzó por designar una Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, y formar un equipo de gobierno con una amplia representación femenina. Luego llegaron las prisas. El afán por aprobar medidas contra la violencia machista cuando antes lleva al Ejecutivo a tomar "atajos". Un modus operandi que irrita al sistema judicial. En el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, celebrado el pasado día 3 de agosto, Sánchez aprobó un paquete de "medidas urgentes" para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Decidió cambiar la patria potestad y los mecanismos para acreditar una situación de violencia de género a golpe de decreto ley. Los jueces y abogados critican el que han bautizado como "decretazo". Aseguran que esta vía no es la adecuada para reformar del Código Civil y consideran este movimiento anticonstitucional.

Parece que fallan las formas, pero también el fondo. Los puntos más polémicos de las medidas del Ejecutivo son dos. Por un lado, permiten que una mujer que haya denunciado al padre de sus hijos por un delito de violencia de género pueda decidir por sí sola si los menores deben recibir atención psicológica. Y, por otro lado, dan la capacidad a los servicios sociales de acreditar una situación de violencia de género, sin necesidad de una sentencia. O lo que es lo mismo: una mujer será considerada víctima sin pasar por el sistema judicial. Saltarse esta vía podría terminar con el derecho a la presunción de inocencia del acusado, apuntan los expertos.

El paquete de medidas del Gobierno no termina aquí. También se han comprometido a la "designación urgente de abogados y procuradores de oficio" para las víctimas y ya han hecho efectiva la transferencia de 120 millones a las autonomías para llevar a cabo las medidas del Pacto. Por su parte, los ayuntamientos recibirán el doble de lo previsto (40 millones de cara al próximo año). El Ejecutivo también aprobó a principios de agosto la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para devolver las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos, recortadas por el Gobierno del en 2013.

Sánchez y los suyos se van de vacaciones con los deberes hechos. Veremos si reciben el aprobado o les tocará volver a examinarse en septiembre.