Cuando Sánchez convoque elecciones la oposición solo tendrá que imprimir unos folios con las rectificaciones, patinazos, abusos, dimisiones, plagios, anuncios sin enjundia y, en fin, con todas las incompetencias del gobierno que para entonces serán incontables. Bien comentada sin excesivo griterío, la lista debería bastar para que Sánchez no vuelva a gobernar. Celebrando sus 100 días de gobierno ante un auditorio de ministros, empresarios de postín y otros importantes anunció Sánchez una reforma de la Constitución. No la tan cacareada reforma federal del Estado sino la muy menor de suprimir los aforamientos, esa singularidad que consiste en que los aforados no son juzgados por jueces ordinarios como cualquier ciudadano sino por el TS o los TSJ de las autonomías. El aforamiento no impide el juicio y la condena y con solo preguntarle a Google se constata que ministros y parlamentarios lo fueron en su momento por el TS o los TSJ. Ante tan selecto auditorio Sánchez no aclaró el ámbito de la supresión de los aforamientos, ni el material, si para todos los delitos o solo para algunos, ni el personal, si solo al gobierno y parlamentarios nacionales o a todos los aforados que en España hay. Lo cierto es que la CE solo reconoce el aforamiento a diputados y senadores, artículo 71,3, al presidente del gobierno y a sus ministros, art. 102.1, de modo que para desaforar a los otros miles y miles de aforados no hay que reformar la CE, basta con cambiar unas cuantas leyes orgánicas. Por ejemplo, ya que Sánchez quiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda sin conexión con dicha ley, con la única finalidad de suprimir en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria la facultad de veto del Senado al informe del Consejo de Ministros sobre el techo de gasto que esa ley le reconoce, podría presentar otra enmienda a la misma LOPJ suprimiendo en sus artículos 56 y 57 los aforamientos de autoridades que no son miembros de Las Cortes ni del Gobierno. Y ocurre, en fin, que como son los Estatutos de Autonomía, no la CE, las normas que aforan a cientos de importantes autonómicos, Sánchez debería haber aclarado si rogará a los dirigentes autonómicos que inicien las obligadas reformas estatutarias o si directamente prohibirá los aforamientos, todos, en la CE.
Sánchez puso fecha a la reforma, 60 días, sin concretar más y pronto se demostró que la propuesta venía sin pies ni cabeza. Sin los pies de apoyo del resto de partidos con los que ni siquiera la había comentado aunque está obligado a consensuarla para alcanzar los 210 votos que necesita en el Congreso, donde tiene 84 de los 350, y los 166 votos que necesita en el Senado, 266 escaños, donde el PP tiene mayoría absoluta. Lógicamente, unos la rechazan y otros la someten a condiciones imposibles de cumplir. Pero además la propuesta venía sin cabeza, sin estudio, lo que evidencia que en realidad es una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública muy focalizada en su tesis doctoral y en otras delicadas situaciones de algunos ministros. Por eso Sánchez anunció solo el título sin haber estudiado el contenido de la reforma, motivo por el cual ha endosado al Consejo de Estado que le haga los deberes. Lo mismo que Zapatero cuando en 2005 endosó al Consejo de Estado la propuesta de reforma del modelo territorial que cuajó en un excelente libro que sigue en algún cajón del órgano consultivo y que para nada sirvió. Siguiendo sus pasos, Sánchez no ha sido capaz de redactar un anteproyecto de reforma constitucional y tengo la impresión de que una vez le hagan ver lo difícil de su viabilidad la dejará en el cajón contiguo al que guarda la propuesta de Zapatero mientras rebusca en su chistera un próximo conejo.
