El dictamen negativo del Consello Consultivo en la primera semana de septiembre sobre dos de los seis pisos adquiridos por el Ayuntamiento para el programa de alquiler social, al entender que incumplían las bases del concurso municipal en metros y ventanas, obligó a anular su compra y a revisar otros tres que parecen estar en la misma situación.

El Gobierno local sometió la compra de estos dos pisos al Consultivo tras ser acusado por el PP de favorecer en el proceso al propietario de los inmuebles, uno de los firmantes del manifiesto que impulsó el nacimiento de Marea Atlántica.

Tras la resolución del ente, los populares forzaron un pleno extraordinario para debatir el asunto, que se celebró este pasado miércoles y en el que la oposición en bloque pidió la dimisión de los concejales Xiao Varela, de Rexeneración Urbana, y Alberto Lema, de Economía y Empleo, que firmó las compras.

PP y PSOE coincidieron en el pleno en las acusaciones de amiguismo, de las que se desmarcó el BNG, que sí se sumó sin embargo a la petición de responsabilidades políticas a ambos ediles por las irregularidades en el proceso y el incumplimiento de las bases del concurso.

Resulta evidente que el Gobierno de Marea no gestionó adecuadamente el programa de compra de pisos para alquiler social y que no aplicó correctamente las bases que regían el concurso. Tanto el alcalde, Xulio Ferreiro, que pidió perdón dos días antes del pleno y admitió que hubo errores y falta de garantías, como el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que pidió en la sesión plenaria disculpas por los errores, así lo han reconocido. Ambos negaron sin embargo que hubiera arbitrariedades para favorecer a nadie.

Los fallos en el control del proceso administrativo del concurso son especialmente censurables e incomprensibles al tratarse de uno de los puntos estrella en el programa de gobierno de Marea. Otra cosa es que hubiese amiguismo en la decisión, aspecto clave desde el punto de vista de la responsabilidad política.

El dictamen del Consello Consultivo, que obligó a anular el proceso y fue el detonante de la crisis política, no entra a analizar esa cuestión. Los funcionarios municipales que analizaron la selección de pisos del concurso salieron al paso de las acusaciones de amiguismo del PP ya en febrero con una nota pública en la que niegan cualquier injerencia política en el proceso. Y el hecho de que haya más pisos -cinco de seis- en la misma situación de incumplimiento de las bases que los dos que sustentan la acusación de favoritismo, así como la supuesta intención del propietario de demandar al Gobierno local, parecen restarle argumentos a los populares.

En cualquier caso, es una cuestión en la que el Ejecutivo tiene que despejar hasta la menor duda con absoluta transparencia y claridad. Así como detallar los costes que la anulación supondrá a las arcas públicas.

Más parece que las prisas por buscar una solución que evitase el fracaso del programa fue la principal equivocación, que finalmente acabó por ser una caja de resonancia que amplificó el fiasco que se pretendía conjurar.

Hay que recordar, por otra parte, que están pendientes aún casos de colosales perjuicios para las arcas públicas coruñesas, como las millonarias indemnizaciones de Someso, que previsiblemente irán también próximamente al Consultivo, o el derribo del edificio de Fenosa, cuyas repercusiones podrían suponer la bancarrota municipal en el próximo mandato. Gigantescas losas para el bolsillo de los coruñeses por cuyas devastadoras consecuencias ni se pidió perdón ni se han exigido responsabilidades políticas.

El indiscutible fiasco de los pisos ha generado sin embargo un tsunami político que difícilmente se puede disociar de la cercana pugna en las elecciones municipales, cuya campaña se ha adelantado unos meses con la resolución del Consultivo.

No cabe duda de que el fallido concurso tiene que consignarse en el debe de la gestión del Ejecutivo de Marea. Pero sería lamentable que la pugna política significara el entierro de una buena iniciativa, la compra de pisos para alquiler social, mal ejecutada. El proceso debería volver a ponerse en marcha al ser una necesaria herramienta social que permita tener un hogar a las familias necesitadas que no pueden acceder al mercado inmobiliario. Si bien esta vez, con las garantías y el control que fallaron estrepitosamente en la primera y fallida convocatoria.