Leídas las cincuenta páginas del acuerdo presupuestario, presididas por el doble logo del Gobierno de España y de Unidos Podemos, queda una primera impresión sobre la prosa empleada: eso lo ha redactado Iglesias. Y queda sobre los números la duda de si estamos ante propósitos que solo el papel aguanta o si se harán realidad antes o después. Las dos cosas son posibles y ya nos lo irán contando quienes sigan la pista al acuerdo. Políticamente importan sus efectos en la opinión de los votantes más que en la de la CEOE, en la de Bruselas o en la de las comunidades autónomas, que también se verán afectadas porque en distintas materias tienen competencias y la pareja firmante tendrá que contar con ellas para bajar de las musas al teatro.

Políticamente el acuerdo tiene medidas o eslóganes que son un acierto a los ojos de muchos ciudadanos cuyo voto cuenta lo mismo que el de Botín o el de los analistas económicos más solventes. Aumentar los impuestos a los más ricos, universalizar la sanidad a cuantos pisan suelo español, acabar con los copagos, aumentar las becas y el gasto en investigación, aumentar el salario mínimo, derogar parte de la reforma laboral, estudiar la creación de un impuesto a las transacciones financieras, aumentar el permiso de natalidad y otros anuncios más suenan a música celestial a infinidad de votantes y eso es, políticamente, muy importante. Tanto como lo fueron aquellos eslóganes de Podemos en las plazas de España que les dieron millones de votos y el protagonismo que hoy tienen Iglesias y los suyos. Que los eslóganes quedaran en eso y los dirigentes podemitas sean hoy miembros de la casta con chalé en La Navata no les ha hecho desaparecer. Es la fuerza y el efecto inmediato de los lemas bien escogidos aunque luego queden en nada. Por eso las medidas recogidas en el Acuerdo de Sánchez e Iglesias ya están teniendo éxito entre la gente, y no solo entre las gentes de uno y otro. A ver quién es el listo que se opone a cada propuesta si todas ellas y la filosofía del entero acuerdo van en la línea de eso tan extendido de que paguen los que más tienen, los que reciben 6 u 8 millones de euros al jubilarse o al ser despedidos, que paguen las multinacionales, que pague Alemania, que pague el Estado. Las críticas al Acuerdo coinciden en cuestionar su financiación y seguramente tienen razón, pero eso no importa cuando los números ceden ante el voluntarismo y ante la exigencia de un inexistente pero recurrente derecho a un mayor reparto de la riqueza, a los mejores servicios públicos, a las máximas prestaciones y a que otros nos lo paguen.

Y siendo ese mayoritario aplauso el efecto inmediato del Acuerdo, no dudo de que, en términos políticos, los dos firmantes han acertado y de que con algunos millones y algunas transferencias más para el PNV, los independentistas catalanes, Bildu y la pareja canaria, aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Por eso, Casado, Rivera y Abascal deberían dejar en segundo plano las peticiones de dimisión de tal o cual ministro por antiguos y menores pecados y entrar en el análisis riguroso de las medidas presupuestarias, sea para desenmascararlas, sea para apoyarlas. Y al mismo tiempo harían bien en comenzar a reconstruir el centro derecha cuanto antes si no quieren que, tras el Acuerdo presupuestario, firmen un acuerdo político con el resto de grupos para un más cómodo encaje de Cataluña y el País Vasco en un definitivamente descoyuntado modelo territorial. Porque, con toda seguridad, esa es la próxima apuesta de los dos firmantes con apoyos parlamentarios bastantes para llegar a puerto.