Si uno se toma la molestia de consultar en internet el mapa lumínico de la península ibérica, constatará que una de las zonas más oscurecidas es el rincón del Noroeste. Es una prueba evidente, sin necesidad de estadísticas, que delata a simple vista su posición relegada en el desarrollo poblacional y económico de España.
Acabar con este aislamiento histórico que ha ralentizado durante décadas el crecimiento de Galicia, Asturias y Castilla y León es precisamente el objetivo del lobby empresarial nacido la semana pasada, que agrupa a ocho asociaciones patronales del Noroeste, entre ellas las cuatro gallegas.
Los empresarios pretenden reducir una brecha de desigualdad que no ha dejado de agrandarse desde hace 25 años y reclaman soluciones administrativas en tres aspectos determinantes: infraestructuras, comunicación y financiación autonómica.
Una de las herramientas claves para corregir este desfase consiste en conectar este territorio olvidado a la gran arteria europea del ferrocarril de Mercancías, el llamado Corredor Atlántico.
Y por ahí llegó paradójicamente el año pasado por estas mismas fechas una de las grandes decepciones, que generó una gran indignación en los ámbitos económicos de esta zona y el comienzo de una reacción que cuaja ahora en esta alianza patronal.
El Gobierno echó por tierra en octubre de 2017 las esperanzas de Galicia, Asturias y Castilla y León de ser conectados al Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías, al anunciar que este estratégico enlace se retrasaría como mínimo diez años, hasta 2027. La noticia caía como un jarro de agua fría entre los empresarios gallegos, a quienes el entonces ministro De la Serna había prometido pocas semanas antes que la conexión europea se abordaría en 2018.
Esta decisión suponía que los puertos de A Coruña y Vigo quedaban desconectados de las redes europeas de transporte de mercancías, lo que fue recibido como una afrenta y un sinsentido por la sociedad civil gallega, que no dudó en alzar su voz contra esta marginación.
La presión de empresarios, partidos políticos y colectivos de las tres comunidades del Noroeste afectadas logró a principios de este verano que la Comisión Europea rectificase y decidiera prolongar el Corredor Atlántico hasta las áreas portuarias de A Coruña y Vigo y los centros logísticos gallegos. Es un gran paso, pero debe aún ser refrendado por la Eurocámara y el Consejo europeo. Y hay que conseguir además inversión para hacerlo realidad, ya que esta inclusión no lleva aparejada financiación alguna.
Ser incluido en el corredor europeo permitiría optar a los fondos económicos del programa de la UE Conectar Europa, que entre 2021 y 2027 va a repartir 42.300 millones de euros en proyectos relacionados con la mejora del transporte. Un presupuesto sin precedente para tejer una red de mercancías y viajeros moderna, segura y limpia que conecte los grandes núcleos del continente.
Los planes para optar al programa deben estar elaborados en 2020, con estudios de impacto, permisos y refrendo social. El Noroeste parte con desventaja en esta tesitura con respecto a otras áreas, como el eje Mediterráneo, que lleva años reclamando, pero empieza al fin a moverse para exigir infraestructuras que rompan su aislamiento.
A Coruña se juega también mucho en esta carrera por conectarse al futuro europeo. Basta con recordar que en los últimos datos sobre exportación conocidos el pasado mes de septiembre, la provincia coruñesa enarbola el segundo mejor balance comercial de España, basado obviamente en la pujanza de Inditex. Resulta incomprensible que uno de los bastiones exportadores del país no pueda conectarse a la red europea de tráfico de mercancías. O que el puerto exterior coruñés sea el único de España que carece de conexión ferroviaria.
Esta hoja de ruta para subirse al tren europeo del desarrollo debe hacernos reflexionar también sobre los deberes que aún quedan por hacer en casa para estar a la altura de ese objetivo. Las bases del programa Conectar Europa y, en buena medida, el grueso de los fondos comunitarios a los que habrá que optar en los próximos años para alcanzar los estándares europeos que nos permitan dejar atrás ese aislamiento para el que los empresarios del Noroeste demandan soluciones, primarán a las grandes áreas urbanas. Las entidades supramunicipales, con avanzados sistemas de servicios compartidos para grandes núcleos urbanos, serán la piedra angular sobre el que se construirá el futuro europeo.
El área metropolitana de A Coruña debería ser uno de ellos, pero su reconversión en una de las grandes áreas urbanas con peso en el reparto de fondos europeos sigue siendo una asignatura pendiente a causa de una visión minifundista del poder autonómico.
