El pasado jueves el Parlament de Cataluña aprobó una resolución que condenaba el posicionamiento del Rey en el "conflicto catalán" y y abogaba por la abolición de la monarquía, institución que calificaba de "caduca y antidemocrática". La deriva independentista del Govern, la frustrada declaración unilateral de independencia y su fracasada constitución de Cataluña en república independiente vuelven a situar en el primer plano de la actualidad la vieja alternativa entre la república o la monarquía como forma política del Estado.
La decisión personal de preferir una u otra forma política no está exenta de ingredientes emocionales por lo cual estamos ante una cuestión que nunca dejará de plantearse problemáticamente. Con el fin de aportar mi particular manera de ver las cosas, permítanme que exponga, con toda modestia y solo con el ánimo de aportar alguna luz, mis ideas al respecto sobre tan espinoso problema.
Mi manera de enfocar la cuestión es más práctica que teórica. Quiero decir que mi discurso está construido sobre la base de mi propia experiencia personal y no sobre las vicisitudes históricas.
Nací en 1947, y desde entonces hasta que entré en la treintena, viví en un régimen político que me vino dado y en el que, hasta que se extinguió, no tuve la más mínima posibilidad de pronunciarme mediante el voto sobre si lo aprobaba o no. Conmigo, desde que alcancé la mayoría de edad, no contaron para nada. Fue como adherirme a un contrato predispuesto por otros. Y si bien es verdad que hubo ciudadanos que "lucharon" contra el régimen de entonces, yo no pasé de sentirme sustancialmente demócrata y amar, al menos platónicamente, la libertad.
Tras la muerte del entonces jefe del Estado en 1975, tuvo lugar la mundialmente ensalzada transición democrática y el entonces instituido rey de España y jefe del Estado con los mismos poderes que su antecesor, devolvió la soberanía al pueblo español y, pilotados por los competentes políticos de entonces, se promulgó una Constitución que implantaba un significativo cambio en la forma política del Estado, que pasó a ser una "monarquía parlamentaria".
Así las cosas, bien planteada la disyuntiva actual, no se trata de elegir entre monarquía o república, sino entre monarquía parlamentaria o república. El punto de partida no es, pues, optar entre un monarca que congrega en torno a la Corona todos los poderes o un presidente de la república sometido a las Cortes Generales, representantes del pueblo español. La disyuntiva se ciñe a escoger entre dos sujetos con distinta legitimidad de origen, pero sometidos ambos a la soberanía del pueblo español representado en las Cámaras.
Llegados a este punto, las preferencias no están en la posición del pueblo español, que tanto en el caso de la monarquía parlamentaria como en el de la república es el titular de la soberanía nacional, sino en quién represente mejor la Jefatura del Estado: un monarca designado hereditariamente o un ciudadano elegido por votación. Y aunque a primera vista pudiera parecer que es más democrático lo segundo, lo cierto es que la legitimidad democrática de la monarquía no desmerece un ápice de la del presidente de la república porque tiene su origen en la Constitución aprobada mediante referéndum por el pueblo español.
Sentado lo anterior, solo queda exponer, muy sintéticamente, las razones que me hacen preferir la monarquía parlamentaria a la república. En mi opinión, hay tres razones que me mueven a optar por la indicada forma política del Estado español. La primera es una razón de estabilidad: el jefe del Estado, porque así lo ha querido el pueblo soberano, es el Rey en la persona que ostente hereditariamente la Corona de España. No un ciudadano elegido cada cuatro años. Lo cual proporciona estabilidad institucional y, por ende, política. La segunda razón tiene que ver con la representatividad: el monarca, al contrario que el presidente de la república, no proviene de ningún partido político. Y la tercera tiene que ver con una competencia constitucional: el apartado h) del artículo 62 de la Constitución dispone que "corresponde al Rey: h) El mando supremo de las fuerzas armadas", las cuales, según el artículo 8 de nuestra Carta Magna tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Durante mi vida en democracia, he visto al rey Juan Carlos I defender el ordenamiento constitucional y al rey Felipe VI intervenir porque lo aconsejaba la defensa de la integridad territorial de España. Y ambos lo han hecho impecablemente, entre otras razones, porque su cargo no depende de los votos de hoy, sino de los que se emitieron cuando se aprobó la Ley de Leyes.
