A Coruña se despertó el pasado jueves con un jarro de agua fría. El anuncio del cierre de la planta de fabricación de aluminio que la multinacional estadounidense Alcoa tiene en el polígono industrial de A Grela, que emplea a 400 trabajadores, fue sin duda un día negro para la economía coruñesa.
La drástica decisión de Alcoa recuerda inevitablemente a un paso similar dado por la multinacional en 2014, cuando amagó con un cierre que finalmente no se produjo al conseguir del Gobierno más primas para reducir su recibo energético, es decir, el elevado coste eléctrico que conlleva el proceso de fabricación de aluminio.
La situación actual parece diferente y más compleja que hace cuatro años y apunta más a problemas estructurales intrínsecos de la propia compañía, como admite la dirección de Alcoa en el comunicado oficial del cierre, que al coste eléctrico. En las razones que ha dado a los analistas de Wall Street sobre el cierre de sus factorías en A Coruña y Avilés, la compañía no cita el coste de la electricidad como principal causa, sino el factor tecnológico y de competitividad.
La multinacional justifica la clausura de ambas instalaciones en que son las menos productivas del grupo, lo que indica un escenario más difícil de revertir que en 2014 pues la decisión no parece un chantaje, como hace cuatro años calificaban la medida tanto trabajadores como administraciones de la comunidad gallega.
La plantilla coruñesa asegura que esto se venía venir, como ha venido denunciando en estos últimos años en los que la factoría ya estuvo en el alambre, tanto con la amenaza de cierre de 2014 como con la posterior consideración por parte de Alcoa de distintas opciones como la venta o la reducción de la actividad de algunas fábricas que considera menos eficientes, como las de A Coruña y Avilés.
Precisamente en eso se apoya ahora la compañía para plantear el cierre de estas dos plantas y el despido de todos sus trabajadores, en base en a su menor capacidad de producción, debido a una tecnología obsoleta y a los elevados costes fijos. Los trabajadores achacan esta situación a la propia empresa, a la que acusan de haber recogido solo beneficios tanto en A Coruña como en Avilés en los últimos años y apenas realizar inversiones en las plantas para mejorar sus prestaciones.
En 2015 se inauguró en la Mariña lucense un gasoducto que permite desde entonces a Alcoa utilizar este tipo de combustible en su complejo de San Cibrao, donde se fabrica no solo aluminio, como en A Coruña y Avilés, sino también alúmina. Paralelamente, la multinacional invirtió unos veinte millones de euros en sus instalaciones en la costa lucense para adecuarlas al uso del gas, especialmente para la fabricación de alúmina. A Alcoa se le ofreció entonces una infraestructura similar en A Coruña, pero la rechazó. Esto evidencia que no estaba dispuesta a emprender aquí las millonarias inversiones necesarias para esa modernización y que la factoría de A Grela no figuraba en la futura hoja de ruta de Alcoa.
El complejo de San Cibrao es el único que se salva del cierre en el Noroeste. Alcoa justifica el cierre de las otras dos factorías, en A Coruña y Avilés, en las crecientes pérdidas económicas, pero la plantilla coruñesa asegura que las pérdidas en la fábrica de Lugo son más cuantiosas. En San Cibrao hay dos plantas: en una se produce aluminio y en la otra, alúmina. Esta última es la rentable. La clave radica en que, con el encarecimiento de la materia prima, la producción de alúmina resulta ahora estratégica.
Los trabajadores, pese a reconocer que las razones de la multinacional para plantear el cierre son ahora más complejas que en su amago de 2014, denuncian también la política de los últimos Gobiernos y del actual, que alimenta la deslocalización de la industria electrointensiva. Ha pasado una década sin que se haya satisfecho la petición que los sucesivos Ejecutivos han recibido de estas industrias para sustituir el actual sistema de interrumpibilidad eléctrica, que se cuantifica cada año, por una fórmula más estable y predecible que garantice a estas industrias precios competitivos en el mercado europeo.
En cualquier caso, no se puede olvidar que Alcoa obtuvo en la última década rebajas en el coste eléctrico por valor de mil millones de euros. Los trabajadores afectados argumentan que la situación económica de la multinacional no debe ser vista fragmentariamente por centros de producción sino como grupo, que sí obtiene importantes beneficios y es cómo recibió esas millonarias ayudas, que usó a su discreción, sin la menor inversión ni plan de futuro en la factoría coruñesa.
Dado el gran impacto que ha tenido en A Coruña el anuncio del cierre, Alcoa debería ser más explícita en la explicación de los motivos de una decisión tan drástica, que en su primer y único comunicado hasta el momento da como irreversible, sin considerar la posibilidad de revisarla en función de negociaciones para mejorar el sistema de coste eléctrico
El anuncio del cierre de Alcoa ha logrado unir a todos los grupos políticos y a todas las administraciones. Concello, Xunta y Principado así como el Gobierno, que ha amenazado con retirar las ayudas a la multinacional, han conformado un frente común para evitar el cierre. El reloj ha iniciado ya su cuenta atrás y las posibles soluciones que conjuren el ocaso de un emblema industrial que acumula casi seis décadas de actividad en A Coruña deberán ponerse sobre la mesa antes del 31 de octubre, fecha del inicio del proceso del despido colectivo de la plantilla.
La pregunta del millón es si la multinacional estaría dispuesta a mantener la factoría coruñesa si se le ofrecen alternativas razonables para reducir el coste eléctrico. El Gobierno tiene la responsabilidad de evitar la liquidación de la histórica fábrica coruñesa, siempre que el acuerdo conlleve un plan de estabilidad, inversión y modernización de la planta coruñesa de Alcoa. Como dijo el alcalde el viernes en el pleno extraordinario en nombre de toda la corporación municipal, los trabajadores no están solos, tienen a una ciudad detrás que los respalda.
