04 de noviembre de 2018
04.11.2018

El previsible fracaso del recurso del Gobierno ante el TC en defensa del Rey

04.11.2018 | 12:45
José Manuel Otero Lastres.

Como seguramente sabrán, el Gobierno ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución del pleno del Parlament de Cataluña del 11 de octubre de 2018 en la que, además de rechazar y condenar el posicionamiento de Su Majestad el Rey, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017, se apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía.

A primera vista podría pensarse en que la actuación del Gobierno es impecable por su defensa pública del Rey y de la monarquía ante los inadmisibles ataques del independentismo catalán. A esto cabría añadir que la actuación del Gobierno es tanto más admirable cuanto que no tiene en cuenta el informe que con carácter preceptivo, aunque no vinculante, emitió al respecto el Consejo de Estado.


En efecto, el Consejo de Estado considera que la eventual respuesta que se dé a una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra debe ser igualmente política, sin que el planteamiento de la impugnación pretendida a través de la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución sea el cauce idóneo para privar de legitimidad a la referida resolución.

El Gobierno, a pesar de la contundencia del dictamen, presentará el recurso porque no comparte la argumentación del Consejo de Estado, ya que dicha resolución del Parlament supone un grave atentado al principio de lealtad institucional, una declaración política que degrada manifiestamente la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y comporta una total falta de respeto hacia la más alta Magistratura del Estado.

Confieso que creería a pie juntillas las palabras del Gobierno de no ser porque hace bien poco el PSOE se comprometió por escrito con Unidos Podemos a despenalizar las injurias al Rey y las ofensas a España y sus símbolos oficiales. Es verdad que el partido socialista justificó su apoyo a la reforma del Código Penal en que convenía abrir un debate sobre la libertad de expresión y sus límites. Pero también lo es que la posición del PSOE es favorable a la despenalización, lo cual supone prácticamente borrar los límites.

Pues bien, ¿es congruente defender jurídicamente al Rey y a la Corona recurriendo ante el TC una resolución del Parlament que contiene solo una declaración política y apoyar al mismo tiempo la despenalización de las injurias -como dijo la portavoz del Gobierno- a la "más alta Magistratura del Estado"? Por mucho que me esfuerzo no veo una relación lógica entre estas dos acciones del Gobierno de signo contario respecto de una y la misma institución como es la monarquía parlamentaria.

Llegados a este punto, dos son las posibilidades que se abren para interpretar esta conducta contradictoria del Gobierno: una benevolente y otra maliciosa. La primera sería atribuir la manifiesta inconsecuencia de recurrir ante el TC una declaración política y apoyar la despenalización de las injurias al Rey a la falta de criterio del Gobierno que nos tiene acostumbrados a rectificar porque es capaz de sostener una cosa y la contraria.

La maliciosa la ha apuntado Xosé Luis Barreiro Rivas y yo la planteo a modo de interrogante: ¿habrá planteado el Gobierno el recurso ante el TC a sabiendas de que va a ser desestimado para darles a los independentistas -a los que no olvidemos que les debe el puesto- la baza de que el TC permite atentar contra lealtad institucional, degradar la forma política del Estado español y faltar al respeto a la más alta Magistratura del Estado?

Que cada uno de ustedes se quede con la que quiera. Por mi parte, pienso que, aunque la posibilidad maliciosa presupone una elevada capacidad estratégica, explica mejor que la benevolente la insólita conducta del Gobierno de plantear un recurso ante el TC sabiendo que tiene muchas papeletas de ser desestimado. A favor de la tesis maliciosa habla también la recientísima posición de la mal llamada Abogacía General del Estado (en realidad es la Abogacía General del Gobierno) de no acusar a los independentistas catalanes del delito de rebelión.

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