El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha anulado el nombramiento en comisión de servicios de 156 funcionarios, la mayoría municipales, al superar los dos años permitidos para este tipo de nombramientos, que la ley estipula que deben ser excepcionales.
La sentencia, que no es firme y que el Gobierno local ha anunciado que recurrirá, ordena el cese inmediato de las personas que ocupan esos cargos, que deben volver a ocupar sus plazas originales. La ejecución de este fallo no es un asunto baladí, ya que uno de cada diez trabajadores del Ayuntamiento coruñés está afectado. Según los datos de la CIG, de quien partió la denuncia en los tribunales, hay un centenar de funcionarios en esta situación cuyo nombramiento procede de los anteriores mandatos del bipartito de PSOE y BNG y del PP (27 y 71, respectivamente) y 79 del actual gobierno de Marea Atlántica.
El sindicato nacionalista explica que llevaban años denunciando esta situación, sin que ningún Gobierno municipal les hiciera caso. Aclara que, si bien el Ejecutivo de Marea no es el responsable del inicio de la totalidad de los nombramientos denunciados, sí lo es de las sucesivas renovaciones. La CIG recuerda que la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rosa Gallego, cuyo grupo municipal achacó el problema tras el fallo judicial a la gestión del actual Gobierno, les prometió durante su etapa de Concejala de Personal convocar el concurso de provisión de puestos de trabajo cada año y medio, pero este compromiso nunca se cumplió. Y que advirtió también de la situación a los actuales gestores municipales en 2016, tras darles un tiempo de adaptación.
El Ejecutivo de Marea alega que es una situación heredada y que estas comisiones de servicio se mantuvieron mientras se ponía en marcha este concurso, que ya está abierto y es el primero que se convoca en una década, con el objeto de evitar un cese en cascada que podría poner en riesgo el normal funcionamiento de los servicios municipales. Marea aprobó las bases de la primera fase del concurso, que afecta a 227 plazas, tras llegar a un acuerdo en la mesa de negociación con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, salvo la CIG, que rechaza abrir el proceso por fases y defiende una sola convocatoria con todas las plazas vacantes. El sindicato nacionalista asegura que llevará también al juzgado esas bases por ilegales.
Tras la sentencia, la CIG se plantea denunciar también las comisiones de servicio en otros ayuntamientos gallegos y en la Xunta, al entender que el mantenimiento de estos nombramientos de cargos funcionariales más allá de dos años supone un abuso generalizado en las administraciones públicas gallegas.
La ejecución de la sentencia puede provocar un serio efecto rebote en la estructura de los servicios municipales, ya que al retornar los funcionarios en comisión de servicios a sus puestos originales, provocarán también el desplazamiento de los interinos que actualmente los están sustituyendo.
El cumplimiento del fallo judicial preocupa a la junta de personal del Concello coruñés, que pide que no se perjudique a funcionarios ni a ciudadanos. Su presidente, Manuel Aceña, considera que el problema, que estima muy común en las administraciones locales, podía haberse evitado con el concurso de traslados actualmente en marcha, aunque admite que lleva bastante retraso.
La concejala de Personal, Eugenia Vieito, asegura que el concurso seguirá adelante y estima que no tiene por qué verse afectado por el fallo judicial, al entender que el problema de temporalidad en esos cargos se soluciona con un concurso de traslados definitivo, que es lo que reclaman los funcionarios.
La reordenación de la estructura funcionarial con unos criterios de acceso a los cargos basados en el mérito, la igualdad y la capacidad, es una asignatura pendiente en el Concello coruñés, así como en todas las administraciones públicas, desde hace muchos años. La sentencia viene a dar la puntilla a esas malas prácticas, de la que ningún partido es inocente en María Pita.
Es hora de afrontar ese proceso de democratización y regulación de la escala funcionarial, pero con negociación y sentido común, para evitar un caos que haga el remedio peor que la enfermedad.
