Con patinazos como la torpe intervención de Cossidó, ¿todavía portavoz del PP en el Senado?, ¿todavía senador?, es fácil suponer que cientos de miles de votantes habrán decidido cambiar su apoyo a su partido o abstenerse en la próximas legislativas. Por más que haya quien quiera emborronar la actitud de Marchena, se quita de en medio después del whatsApp del senador pero habiendo aceptado el pacto y la presidencia del TS y del CGPJ, lo que queda y lo que vale de verdad es su actitud de suprema dignidad al renunciar a ambas presidencias, nada más alto para un juez, ante la pretensión manipuladora que la comunicación del senador revela. Los pactos para la designación de miembros del CGPJ o del TC o de tantos otros órganos colegiados son legítimos porque legítimas son las posiciones parlamentarias de los partidos que pactan, en este caso los dos más numerosos en las Cortes. Son la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial las que aceptan que las designaciones de esos dos órganos sean por tres quintos de cada cámara y ahí no radica el origen de la presente extralimitación de los partidos. Es un modo entre varios, ni mejor ni peor. Esas designaciones pueden hacerse por votación entre los jueces, por acuerdo de las asociaciones judiciales, por antigüedad, por elección ciudadana como ocurre en Texas con los jueces de distrito y de los condados o por nombramiento presidencial como ocurre en Estados Unidos con los jueces del TS. El modo de designarlos en España no hace a los jueces honrados o venales, independientes o serviles, parciales o imparciales. Nuestros jueces acreditan sobradamente su condición de expertos en Derecho en las duras oposiciones que superan. Y aumentan sus conocimientos a lo largo de su vida profesional porque no dejan de estudiar. Es un disparate y una injusticia descalificarlos como jueces plegados a intereses ajenos a la ley y a la administración de justicia. Aquí y en otros países.

El senador Cossidó revela, además de su estúpida imprudencia, una concepción de la administración de justicia y del Poder Judicial más propia de un político mafioso que de un senador democrático. El primero está convencido de que puede manipular y de que debe hacerlo cuando eso sirva a sus intereses. Lo más seguro es que poder, no puede, aunque se lo crea. Cossidó no tiene entidad para controlar la Sala 2ª del TS, ni ninguna otra, ni condicionar los nombramientos de distintos cargos judiciales en Audiencias y Tribunales varios. Y, por supuesto, no debe siquiera intentarlo. Cossidó ha puesto de manifiesto su inclinación y su voluntad de entrar como elefante en cacharrería en el gobierno de los jueces. Por eso debería de dejar el escaño y el PP, cuando menos, debería retirarle la portavocía del grupo parlamentario en la cámara.

El segundo, un senador democrático tiene derecho a votar la designación de miembros del CGPJ para sumar con otros votos los tres quintos necesarios. Su voto expresa sus preferencias y las de su partido, seguramente resultado de pactos legítimos. Nada que objetar. Pero con su voto no perseguirá controlar a los tribunales ni condicionar las sentencias de los jueces. Se comportaría como un necio pretencioso y como un corruptor del Estado de Derecho. Como Cossidó, que de seguir donde está va a dar muchas alegrías a C´s.