Discúlpenme por el título, tal vez demasiado fuerte, de esta reflexión. Pero me ha salido del corazón al ver una y otra vez el desprecio que le hacen al pueblo español determinados políticos que viven, y no mal por cierto, de la Constitución y que no desaprovechan la ocasión para menospreciarla.

En efecto, los políticos electos del PNV, ERC, PDeCAT y Bildu, tanto los dos que presiden las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco como los que forman parte de las Cortes Generales, incumplieron una vez más, y van muchas, su obligación de asistir al Congreso de los Diputados para asistir a los actos de celebración de la Constitución.

No desconozco que dichos políticos utilizan tal ausencia para mostrar su desacuerdo con nuestra Carta Magna.

Pero tengo para mí que aceptar el cargo, vivir de los emolumentos -por cierto, no bajos- que reciben, cumplir solamente las obligaciones que resultan gratas, y saltarse a la torera las que se refieren a la representación de la correspondiente Entidad territorial en el Estado, resulta, cuando menos, inaceptable.

Es obvio que vivimos en una democracia en la que, como dice la propia Constitución, existe la libertad de pensamiento, ideas y opiniones. Y es evidente también que en el ejercicio de dicha libertad se puede estar en contra de nuestra Ley de Leyes o de alguna de sus normas. Pero lo que no se puede es acatarla parcialmente; esto es, cumplir y exigir el cumplimiento de los preceptos con los que se esté de acuerdo (por ejemplo que les paguen el sueldo) y dejar de hacerlo respecto de los que no se acepten.

Los ciudadanos no somos cautivos perpetuos de la Constitución. Nuestra Ley de Leyes establece el camino para que los partidos políticos que lo deseen propugnen la reforma de las previsiones con las que no se esté de acuerdo. Es verdad que no es fácil reformar nuestra Carta Magna, pero eso no es consecuencia del capricho de sus redactores, sino de que es el texto que ha aprobado el pueblo español soberano para garantizar la convivencia democrática.

Llegados a este punto, no parece desacertado sostener que todos aquellos que quieran convertirse en representantes del pueblo español al amparo de la Constitución pueden discrepar de su contenido y hasta pueden ejercitar una actividad política intensa dirigida a reformarla.

Pero tienen que cumplirla, en lo que guste más y en lo que no guste, empezando por jurar o prometer su acatamiento. Porque no hay Constituciones al gusto de cada uno, sino que hay una, la de 1978, en la que está plasmada la voluntad del pueblo español en su conjunto.

Por eso, los políticos, como los ya reseñados, que muestran su desacuerdo y hasta su desprecio por la Constitución gracias a la cual tienen el cargo del que viven, recuerdan a los desagradecidos que maman, se sacian, y después, golpean a la ubre de la que se alimentan.

En el caso de la actividad política, la ubre de la que chupan se nutre de nuestros impuestos, razón por la cual los que viven de la política pero incumplen parcialmente sus obligaciones no solo le faltan al respeto a los electores a los que representan, sino también a todo el pueblo español.