Próximo el fin de este año 2018 en el que tantas cosas han pasado en nuestro país, creo oportuno dedicar unas líneas a comentar algunos aspectos de la administración de justicia. Asumo el riesgo de hablar de un tema que puede resultar cansino. Y es que mucho se ha escrito de la falta de medios, de los insoportables retrasos, de sus resultados inesperados, de su mala imagen pública y de un sinfín de sambenitos que les cuelgan unos y otros. Es muy probable que quienes trabajamos en ella tengamos que entonar el mea culpa y asumir la responsabilidad de buena parte de sus disfunciones, pero no de muchas otras que se nos atribuyen. Y no es que las rehuyamos por incapacidad para malbaratar su correcto funcionamiento, sino por pura y simple incompetencia para hacerlo. Y ya saben los cultivados lectores que la incompetencia es la "falta de competencia o jurisdicción" (DRAE) aunque suela decirse que un incompetente es el inútil que no sabe hacer nada bien. Pero quien no se maneja adecuadamente es en realidad el torpe, negado, obtuso, zoquete, tarugo, alelado, acémila, cafre, inepto, lerdo o inepto. Y eso solo cuando es cuestión de falta de condiciones o aptitudes, pues si la causa impulsora del desastre es la malicia hablaríamos entonces de bellacos, facinerosos, pérfidos, aviesos, malévolos, miserables o granujas.
Por ejemplo, los jueces/as y magistrados/as somos incompetentes para reducir la pendencia más allá de ciertos límites. Podemos hacer —y vaya si hacemos— un sobreesfuerzo crónico para asumir una carga de trabajo mayor que la que teóricamente nos corresponde. Y además lo hacemos gratis (hasta ahora, pero ya nos hemos cansado). Y ¿quién es el competente para reducir la pendencia? Se llama Ministerio de Justicia, y el modo de hacerlo es creando más Juzgados y dotando más plazas judiciales para asumir el exceso de trabajo.
También somos incompetentes para ajustar nuestras decisiones al dictado de lo que opinan "la calle" y "las redes sociales". En primer lugar, hay que aclarar que esos entes tan abstractos no opinan espontáneamente, pues —nada es por casualidad— siempre hay agitadores tanto en la esfera real como en la virtual que defienden determinados intereses con mayor cercanía a la malevolencia que a la torpeza. En segundo lugar, también hay que aclarar que nosotros no hacemos las leyes. Nos limitamos a aplicarlas, nos gusten mucho, poco o nada. Quienes las hacen son esos señores y señoras que pueblan ese hemiciclo tan bien enmoquetado donde más veces de las deseables algunos se dedican a escupir, insultar y a montar numeritos varios y también a hacer otro tipo de componendas (pero éstas sin luz ni taquígrafos) mucho más inquietantes que el circo al que tantas veces asistimos atónitos. Muchos de éstos y de éstas, que son los que se rasgan las vestiduras cuando se dictan determinadas sentencias (que ni siquiera han leído), o es llamado a declarar en condición de investigado alguien por cosas como hacer un sainete humorístico que a algunos les levanta ampollas, son precisamente quienes tienen en sus manos modificar las leyes en las que dichas sentencias o decisiones judiciales se basan y que son el fruto de un trabajo exclusivamente técnico-jurídico y no de las convicciones personales de los miembros del tribunal ni menos aún de su ideología.
Somos, asimismo, manifiestamente incompetentes para reducir la duración de ciertos procedimientos, sea porque se necesita la colaboración de otros organismos del Estado, p. ej., para la realización de pericias caligráficas, documentoscópicas, biológicas, etc., sea porque el aparato de videoconferencia funciona bien una de cada cinco veces, sea porque el sistema de grabación en Sala tiene vida propia o incluso porque el ordenamiento procesal que manejamos es del siglo XIX (y no es una forma de hablar) y en el XXI tiene ciertos problemas de movilidad. Así que si un asunto se demora más de la cuenta, no crean que se debe a que Su Señoría ha estado haciendo snorquel en un atolón de las Maldivas (tampoco se lo podría permitir aunque le duplicaran el sueldo).
Un nuevo sector de incompetencia es el del nombramiento de los cargos judiciales. Nosotros no votamos, salvo al Juez/a decano/a (y hasta eso quieren quitar). Así que los Presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Salas del Tribunal Supremo y Magistrados/as de este Alto Tribunal nos vienen impuestos, pues los nombra el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son a su vez designados por el Parlamento. Y ¡qué casualidad! volvemos al mismo lugar: el famoso hemiciclo. Es ahí donde se deberían aprobar unos presupuestos generales del Estado que no se aprueban, los cuales permitirían aumentar las partidas para Justicia, que no se aumentan. Que harían posible la creación de más Juzgados, que no se crean. Para reducir la pendencia, que no se reduce. Y disminuir la demora de los procedimientos, que no se disminuye. Y modificar el sistema de elección de vocales y cargos judiciales para que no se difundan WhatsApp indignos en los que se presume de "controlar" nada menos que la Sala de lo Penal del TS y de mangonear la elección del presidente del Consejo antes de que los vocales (el cuerpo electoral) sean nombrados, que no se modifica.
Y para mayor hipocresía, cuando al difusor de whatsApps le pillan con las manos en la masa, su partido se hace el ofendido y rompe la baraja negociadora de la renovación del Consejo y provoca la prórroga automática del actual sine die, y ello en pleno proceso de reforma de la propia LOPJ tras asumir que la reforma Gallardón (otro añorado benefactor de la justicia), propició un indeseable sistema presidencialista que es preciso eliminar cuanto antes.
¿Torpeza o bellaquería?
Feliz Año Nuevo.
