Comenzará el 12 de febrero en el Tribunal Supremo el juicio más importante en nuestra etapa democrática junto al que condenó a los golpistas del 23 de febrero de 1981. El de entonces juzgó y condenó el intento de destrucción de la Constitución y la democracia a cargo de elementos de uniforme, el que empieza en diez días juzgará a los promotores del intento de destrucción de la CE, de la unidad de la Nación española y de la integridad territorial del Estado. Será un juicio de larga duración y de gran complejidad como lo anticipan el número de los procesados, de sus defensas, de las más de quinientas personas citadas a comparecer, entre ellas altas autoridades del Estado y de la Generalitat, de la gravedad de los delitos que imputan la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, un golazo de Vox al PP y C´s. Un juicio público para quien lo quiera seguir, en España y fuera de ella, porque será televisado. Y, obviamente, un juicio con todas las garantías, presentes y efectivas en todas las fases del procedimiento desde la presentación de las querellas hace más de un año.

El juicio va a tener lugar y esa es la victoria rotunda del Estado de Derecho constitucional sobre los promotores de su destrucción. Un juicio en el TS a los acusados de cometer delitos tipificados en el Código Penal que tienen una evidente dimensión política como la tenían los cometidos por Tejero, Armada y demás el 23-F o los de terrorismo cometidos por ETA durante décadas. No son delitos de opinión sino comportamientos delictivos de máxima gravedad y con innegable dimensión política, la que tienen los bienes jurídicos, la Constitución, el Orden público, el dinero público, que se ven atacados por esos comportamientos y que son protegidos por el Código Penal. La misma dimensión política que comparten los acusados y sus objetivos buscados mediante el procés ahora enjuiciado en todos sus contenidos.

Escucharemos de los acusados, sus testigos y sus defensas proclamas y argumentos cargados de política y pensando en recurrir las previsibles condenas, previsibles por lo evidente para muchos de los delitos cometidos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se presentarían ante un tribunal mundial y hasta universal si tales instancias judiciales existiesen. Nuestro TS estará, sin duda, a la altura de las circunstancias y el TEDH si llega a tener que pronunciarse deberá imbuirse de la realidad española y no decidir desde la distancia que a menudo conlleva supina ignorancia de lo que aquí se juega, tal y como ocurrió con los jueces belgas y alemanes que se pronunciaron, por completo ajenos al caso y sus consecuencias, sobre los fugados y hoy duramente criticados por sus socios abocados al banquillo. Y asistiremos a las argumentaciones de la fiscalía, conocidas en detalle por quienes hayan seguido las resoluciones del magistrado instructor, del fiscal general del Estado y de la Fiscalía del TS, a las de la Abogacía del Estado y a las de la acusación particular que monopoliza Vox y de las que podrá, si no se excede en el gesto y la palabra, obtener provecho social y electoral de cara a las elecciones de mayo. El PP y C´s se van a tirar de los pelos, de los propios digo, por haber estado en la inopia.

Y cuando llegue la sentencia se deberá respetar, acatar va de suyo, sin perjuicio de la crítica, tanto si hay condenas por rebelión, por sedición, por malversación o desórdenes, como si hay absoluciones. Habrá que respetarla porque esa es una de las reglas de oro del Estado de Derecho. Empieza el juicio y hay que felicitarse por ello.